Los más feroces críticos de la política ‘tradicional’ se han empeñado en comportarse como políticos tradicionales

 21 enero, 2015

Una vez en el poder, los críticos de la política “tradicional” se han empeñado en comportarse como políticos tradicionales, según la definición que ellos mismos hacen del término. Negocian con discreción las plazas de asesores legislativos que prometieron ahorrar, nombran hijos de diputados en cargos de la Administración Pública, reparten puestos, engolosinan con embajadas, engordan plazas de chofer para acomodar en ellas a sus correligionarios y se apartan de la verdad según convenga.

Faltaba, sin embargo, la tradicional conducta de convertir al denunciante en victimario. Para lograrlo, es preciso colocar la irregularidad en segundo plano y sembrar duda sobre quien la denuncia. En el caso de la procuradora, Ana Lorena Brenes, lo importante no es ahondar sobre el ofrecimiento de embajadas, la petición de renuncias o la imposición de nombramientos en la Procuraduría, con fuerte menoscabo de la independencia que le concede la ley. Lo importante, dice el libreto de la política tradicional, es saber cómo se enteró la prensa y por qué la procuradora no denunció oportunamente la anomalía.

Para sembrar la duda, también es preciso fingir que los hechos, en sí mismos, no la despejan. La conversación entre Brenes y el viceministro Daniel Soley se produjo el martes 6 de enero. El presidente estaba en China. Regresó el sábado y, ya el lunes, la procuradora le pidió una cita. Ese mismo día se reunieron y ella le contó los pormenores de su conversación con Soley. El presidente, afirma la procuradora, respondió que investigaría y adoptaría las medidas correspondientes. Hoy, la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público tendrá oportunidad de preguntarle si, además, le pidió discreción.

La procuradora se negó a referirse públicamente al tema “por consideración al presidente”. Ya había planteado la denuncia ante el máximo jerarca de la Administración Pública y, según el comunicado de prensa emitido el lunes para salir al paso a los nuevos políticos tradicionales, se mantuvo en espera de la investigación y las medidas correctivas que nunca se produjeron. Por el contrario, el presidente declaró, un día después de la cita con la procuradora, que no conocía detalles de la conversación entre Soley y la funcionaria.

Pero la política tradicional insiste en saber por qué no hizo la denuncia en otra parte. La procuradora contestó anteayer, apenas una semana después de la cita con el presidente. Está dispuesta a decirlo todo a los diputados, bajo juramento. Si los legisladores no la llaman, promete ofrecer los detalles a la ciudadanía “por otros medios”, es decir, por la prensa. ¿Volverá a preguntar algún nuevo político tradicional por qué no formula la denuncia?

Queda, entonces, la posibilidad de preguntar cómo se enteró la prensa. Y ¿qué importa? La prensa existe para enterarse. Es un mecanismo de transparencia y abierto debate democrático. Por eso, se le reconoce el derecho a la reserva de las fuentes. En las democracias avanzadas, más bien existen leyes para proteger al funcionario que denuncie irregularidades. Los estadounidenses las llaman “ whistleblower laws ” (“leyes del silbatero”, en alusión a quien suena la alarma sobre una anomalía).

Los defensores de la transparencia harían bien en plantear un proyecto de ley similar en Costa Rica, pero tememos que no haya interés. Si la ley protegiera a los “silbateros”, nunca más tendría sentido preguntar cómo se enteró la prensa, y ese es un recurso muy apreciado por la política tradicional. Además, se corre el riesgo de que la prensa, es decir, la ciudadanía, lleguen a saber demasiado.

Pero, en fin, ¿cómo se enteró la prensa? La sospecha recae sobre la procuradora. La Nación es fiel a la confidencialidad de sus fuentes. Se niega a hablar de ellas en cualquier sentido, ni para confirmarlas ni para negarlas. Lo hace en ejercicio del derecho reconocido por la Sala Constitucional y las normas internacionales de protección a la libertad de expresión. En esta ocasión y vistas las circunstancias, declaramos, sin reservas, que no nos enteramos del caso por la procuradora. Con eso pretendemos ahorrarle tiempo, esfuerzos y, quizá, alguna vergüenza a los nuevos políticos tradicionales. Pretendemos contribuir, además, a que la comisión investigadora se centre en lo que importa: el esclarecimiento de los hechos de fondo.

Supongamos, sin embargo, que nos hubiéramos enterado por la procuradora. ¿No es eso lo que quieren quienes preguntan por la denuncia? O ¿es que prefieren verla formulada en algún oscuro rincón burocrático, lejos del escrutinio público? ¿Existe alguna ley que prohíba llevar una irregularidad al fuero público? Por el contrario, como lo dejamos sugerido y como se practica en las democracias más avanzadas, debería existir una ley para proteger al denunciante.

Pero la política tradicional tiene otros recursos, entre ellos el alegato del desconocimiento. El diputado socialcristiano Jorge Rodríguez, cuya fidelidad al Gobierno no admite duda, afirmó que, sobre el caso, solo se sabía lo publicado por un periódico (evidentemente, La Nación ) y “no sabemos si es verdad”. Hasta ese momento, la única revelación de La Nación eran las declaraciones del propio Soley. ¿Lo ignoraba el legislador? ¿Insinúa que el hoy exviceministro faltó a la verdad para perjudicarse y terminar por ofrecer su renuncia? Todavía el jueves, el también leal socialcristiano Rafael Ortiz declinó referirse al caso por no estar “muy enterado”, aunque ya ardía el debate nacional y se hablaba de una investigación legislativa.

El lunes, ambos se sumaron a otros legisladores para intentar un socorrido ejercicio de la política tradicional: dar largas al asunto. En lugar de permitir a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público entrar de lleno en el caso –como lo ha venido haciendo desde hace tiempo en estas situaciones– y recibir testimonios esta misma semana, abogaron por crear una comisión especial, no sabemos con qué conformación, cuyas labores seguramente se extenderían por muchos meses. La moción fue derrotada y, gracias a eso, el país conocerá hoy, en todo detalle, las declaraciones de la procuradora, al contrario de lo que tradicionalmente ocurre.