EscucharA partir del 2015, el Gobierno aplicará el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como instrumento de gestión de su política social y complemento de la tradicional medición por ingresos. El nuevo indicador fue adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2010, en vez del Índice de Pobreza Humana, y se utiliza actualmente en 108 países.
El presidente, Luis Guillermo Solís, advirtió que la nueva metodología no corresponde a un diagnóstico más, sino a un esfuerzo por coordinar eficientemente la estrategia de combate contra la pobreza extrema, la cual sufre graves distorsiones que le impiden cumplir con su objetivo.
Costa Rica invierte anualmente el 20% de su producto interno bruto (PIB) en gasto social, que es uno de los mayores de Latinoamérica. El monto creció de ¢417.000 millones, en el 2010, a ¢600.000 millones, este año, y es indispensable para la subsistencia de una tercera parte de la población. Sin embargo, los resultados de esta política pública son escasamente medibles, no responden a metas claras, a medio y largo plazo, y no siempre alcanzan a los sectores prioritarios.
En los últimos 15 años, mientras se duplicaba la inversión asistencial por persona, la pobreza permaneció estancada en un promedio de 20%. El PNUD determinó que, desde el 2006, la Contraloría General de la República (CGR) pidió subsanar errores en la asignación de beneficiarios, duplicación de programas y organización institucional, sin que hasta el momento se hayan acatado sus recomendaciones. El mismo informe advirtió que el 37% de las transferencias directas otorgadas por el Estado no llegan a los hogares más pobres.
De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, el propósito de implementar el IPM es recuperar una visión estratégica en la asignación de los recursos, que le permita al país pasar de una perspectiva meramente asistencialista a un verdadero sistema de desarrollo social.
El IPM fue creado por la Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza, de la Universidad de Oxford, y utiliza diez indicadores en salud, educación y calidad de vida capaces de medir las carencias sociales y desagregar los datos, tan finamente como se quiera, por medio de comunidades, regiones y grupos específicos. Esta precisión permitiría focalizar los programas en sectores hasta ahora invisibles para otras metodologías, desterrando filtraciones, exclusiones y errores de identificación heredados del clientelismo y de los problemas técnicos previos.
Por lo tanto, no hay duda de que el IPM podría llegar a convertirse en una herramienta de política pública. Para lograrlo, es indispensable conectar el indicador con las metas de reducción de pobreza extrema que el país desea alcanzar en los próximos años, según han hecho países latinoamericanos como Brasil y Chile, que han experimentado avances relevantes en su desempeño social.
El IPM también aporta la posibilidad de medir el impacto de los programas en la disminución de las brechas sociales, conocer el avance de las metas y, si es necesario, rectificar en el camino. Esta cultura de la rendición de cuentas y de la retroalimentación, tan adversa para el Estado costarricense, debe ser introducida en el sistema para que este rinda los frutos esperados.
