Hemos centrado la atención en la suma ‘gastada’ en educación. Es hora de observar con más cuidado los réditos obtenidos a cambio por la sociedad

 13 agosto

La educación pública de calidad desempeña un papel clave en toda sociedad. Provee importantes herramientas para la innovación, la incorporación al mercado laboral y el mejoramiento de la calidad de vida. Son funciones muy relevantes en economías globalizadas, como la costarricense, y en un entorno como el actual, en que los avances en las tecnologías de información y comunicaciones podrían desplazar a mucha gente de trabajos susceptibles de mecanización.

Con razón los costarricenses nos sentimos orgullosos de los recursos dedicados a la educación pública (alrededor de un 8% del producto interno bruto). Es una suma elevada, casi equivalente a la mitad de los ingresos actuales del Gobierno Central. Lo mínimo que podemos esperar es que tan importantes recursos sean invertidos de una manera muy cercana a la óptima. Hemos centrado la atención en la suma “gastada” en educación. Es hora de observar con más cuidado los réditos obtenidos a cambio por la sociedad. Una buena referencia son los resultados en las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Aunque la educación no debe tener como único fin la aprobación de una prueba concreta, sí conviene tener las pruebas PISA como referencia para saber cómo nos comparamos con otros países del orbe y, sobre todo, para verificar si avanzamos en tan importante materia. Un indicador muy utilizado para estos ejercicios es el gasto respecto del PIB dedicado por cada país a la educación. En Costa Rica, la relación es más alta que en el promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, los resultados en las pruebas PISA, en ciencia, lectura y matemáticas, están significativamente por debajo (“OCDE señala 'poca mejora' en estudiantes costarricenses”, La Nación, 4 de agosto, 2017).

Esto debe llamarnos a reflexión, aunque un punto porcentual del PIB de Finlandia o en Alemania no tiene el mismo valor absoluto que en Costa Rica. Para que la comparación sea más significativa, quizá sea mejor utilizar el índice “gasto por alumno ajustado por costo de vida” en cada uno de los países objeto de análisis, pues eso da mejor idea de los “insumos” realmente dedicados a la educación en cada uno.

Otro elemento por considerar es si avanzamos o retrocedemos. Aquí el resultado es un tanto adverso pues, como indica la noticia citada, la puntuación promedio en las pruebas de ciencia, matemáticas y lectura muestra retrocesos del 2009 al 2015. También importa analizar cuál es la eficacia y la equidad del gasto público en educación por nivel educativo. Aquí es necesario prestar atención a lo señalado por Andreas Schleicher, director de Educación de Habilidades de la OCDE.

El experto manifestó que la inversión más productiva en educación es la que se hace en los primeros años de los beneficiarios y, en particular, la que favorece a “los niños de las familias desfavorecidas”. “En educación terciaria (universitaria)” los análisis de la OCDE “muestran que el desafío no es el nivel del gasto, sino la gobernanza y la equidad”. Y continúa: “Costa Rica tiene que hacer mucho más. Lo que vemos no es que los estudiantes más ricos puedan acceder a la universidad, sino que los más desfavorecidos tengan la posibilidad de hacerlo”.

En materia de equidad es preciso destacar que el país carga con un enorme mea culpa, pues el gasto en educación universitaria pública, financiada por la transferencia estatal denominada FEES, beneficia mayoritariamente a estudiantes provenientes de familias acomodadas, no a los de las más desfavorecidas. Si, además, reconocemos que la educación terciaria aumenta la capacidad generadora de ingresos de sus graduados –ingenieros, abogados, banqueros, médicos, etc.– la conclusión es que su financiamiento debería provenir, en su mayor proporción, de matrícula y no de subsidios del presupuesto nacional.

En resumen, como sociedad debemos adoptar las reformas requeridas para asegurarnos de que el gasto (o inversión) equivalente al 8% del PIB en educación pública sea eficaz, para lo que procede utilizar como referencia las pruebas PISA. También es necesario asegurar que sea equitativo. De momento, no parece satisfacer ninguno de los dos objetivos.