EscucharHace unas décadas, la principal preocupación de las autoridades económicas y sociales era la reducción de la pobreza, en particular la pobreza extrema. Recientemente, el tema de la desigualdad también ha tomado importancia y, aunque las intervenciones de política pública no buscan la igualdad de resultados, sí deberían buscar la igualdad de oportunidades para los miembros de la sociedad.
Si bien en los últimos años Costa Rica logró reducir el índice de pobreza del 22,3% de los hogares en el 2014 a 20,5% en el 2016, lo cual es digno de elogio si es sostenible, en materia de desigualdad hay un leve deterioro. El coeficiente de Gini (CG) mide la desigualdad en un país y su valor oscila de “cero” (todas las familias reciben el mismo ingreso) a “uno” (una sola familia recibe la totalidad del ingreso nacional). En Costa Rica, el coeficiente pasó del 0,512 en el 2014 al 0,515 en el 2016.
El CG puede “desmejorarse” por políticas públicas y esfuerzos empresariales e individuales laudables, como ocurre cuando se instalan en el país empresas de alta tecnología que reconocen salarios altos a sus empleados. El que unos mejoren sus ingresos y otros no, eleva (es decir, empeora) el CG. Las mejoras en la educación técnica y académica también pueden elevar el CG si solo benefician a unos cuantos y no a muchos. Por eso, es estrictamente necesario conocer en detalle lo que recoge el CG, y qué explica sus variaciones en el tiempo, para tomar acción correctiva en caso de ser necesaria.
Un elemento que obviamente afecta no solo la desigualdad, sino la pobreza, es el desempleo. Los desempleados no tienen ingresos y al comparar su situación con la de los empleados, eso se refleja en valores altos del CG. En Costa Rica es poquísimo lo que se ha hecho en los últimos años para bajar el elevado nivel de desempleo reflejado por las estadísticas oficiales del INEC. Otro factor adverso es la informalidad en materia laboral, que se traduce en bajo acceso a servicios públicos (por ejemplo, de salud o pensiones mínimas). También las políticas educativas mal enfocadas (incluyendo los subsidios), que solo sirven a unos grupos pero no a todos, terminan desmejorando el índice.
Es importante destacar otro elemento que en Costa Rica tiene influencia negativa en el índice de Gini: según el experto Álvaro Santos Pereira, director del Departamento de Economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ente al que Costa Rica aspira a ingresar, los altos niveles salariales del sector público costarricense, en particular en las instituciones autónomas, contribuyen a aumentar la desigualdad ( “Desigualdad baja en América Latina, menos en Costa Rica” , La Nación, 31 de julio, 2017.)
Pero también las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional atizan la desigualdad de ingresos entre las familias costarricenses. En este sentido, el que unos grupos recurran a la huelga para defender “el derecho” a “una pensión digna” de cuatro y más millones de colones mensuales por la que no pagan en su totalidad, resulta no solo inequitativo, sino sarcástico, pues la que espera a la mayoría de sus conciudadanos es un humilde submúltiplo de ese monto.
El Estado se inventó para, entre otras cosas, promover “el más adecuado reparto de la riqueza”, como dicta el artículo 50 de nuestra Constitución. Pero, al parecer, quienes por él deciden se han olvidado de esta exigencia y muchas veces dirigen sus acciones en el sentido contrario. Si queremos reducir la pobreza entre las familias costarricenses, en particular la pobreza extrema, y también la desigualdad de ingresos, debemos ser consecuentes con las políticas públicas que adoptamos. Es necesario, en primera instancia, reducir el flagelo del desempleo que hoy muestran las estadísticas oficiales y focalizar mejor el gasto público, para que se dirija a la inversión productiva –que a todos favorezca– y que el gasto social se centre en los grupos más necesitados.
