El Ministerio de Hacienda insiste en que la baja calificación ‘no producirá ningún efecto negativo’. Es un error

 26 enero, 2015

En setiembre del año pasado, en un editorial titulado “Deuda soberana”, previnimos al Gobierno y al país sobre las posibilidades de una recalificación de la deuda soberana costarricense por parte de las evaluadoras internacionales de riesgo. Nuestras prevenciones, desafortunadamente, se cumplieron.

Fitch Ratings, la calificadora internacional de riesgo, le bajó recientemente a Costa Rica la perspectiva de su deuda soberana de “estable” a “negativa”. Es una rebaja de la nota, con consecuencias económicas preocupantes a corto y medio plazo. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, no lo ve así. Tampoco le preocupa. Esa actitud retrata la política fiscal del actual Gobierno.

Las razones invocadas por Fitch para recalificar las perspectivas de la deuda soberana costarricense son básicamente tres: el elevado déficit fiscal, las dificultades para implementar reformas fiscales y la desaceleración del crecimiento económico. En todas ellas –principalmente, las dos primeras–, al Gobierno le corresponde un alto grado de responsabilidad.

El presupuesto general de la República, aprobado mediante una controvertida acción del presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, y cuyas erogaciones fueron defendidas arduamente por el presidente, Luis Guillermo Solís, registra un crecimiento del 19% nominal con respecto al 2014 y un déficit financiero equivalente al 6,7% del producto interno bruto (PIB). Ese déficit potencial supera el registrado el año pasado, que, a su vez, fue el más elevado de los últimos cinco años. Con un déficit en aumento, que compromete la capacidad de pago del Estado costarricense, era prácticamente inevitable caer en una calificación negativa.

En la segunda razón invocada por Fitch, también le cabe responsabilidad al Gobierno, pues no solo elaboró un proyecto de presupuesto altamente deficitario, sino que también abogó en todos los medios y foros de discusión por mantener los gastos, alegando una supuesta imposibilidad –falta de voluntad, agregamos nosotros– de reducir las partidas.

Por otra parte, su posición inicial sobre la necesidad de esperar dos años antes de incrementar los impuestos ha sido duramente criticada, pues reducir el déficit a cifras manejables requería, desde el principio, un ajuste de ingresos. El Gobierno había pedido ese plazo de espera para demostrar que sí podía hacer un efectivo recorte de gastos, esfuerzo que no se ha visto hasta la fecha. Más bien, se emitió una directriz conminando al gasto efectivo.

Concomitantemente, ministros de Estado y miembros de los supremos poderes desplegaron conspicuas campañas para mantener y, en algunos casos, aumentar las partidas presupuestarias originalmente asignadas, alimentando el temor de las calificadoras por la política fiscal. Son también responsables de la baja nota obtenida.

A los diputados de la comisión legislativa encargada de tramitar el proyecto y rendir los dictámenes de mayoría y minoría también les corresponde un alto grado de responsabilidad, pues fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre alguno de los varios planes esbozados para recortar gastos, desde los más ambiciosos para cortar ¢300.000 millones hasta los más timoratos, que rondaban los ¢100.000 millones. Si se hubieran puesto de acuerdo, quizás se habría podido evitar la mala calificación.

El tema del insuficiente crecimiento económico como causa para castigar la capacidad de pago del Estado costarricense es más complejo. Depende de varios factores, algunos de los cuales están fuera del alcance de las autoridades, como el bajo crecimiento de la economía mundial, particularmente en la Unión Europea y Latinoamérica. Pero también hay factores internos sobre los que existe un grado mayor de discrecionalidad para nuestras autoridades, en los que también hay notorias fallas. La preferencia oficial por el gasto corriente frente a los gastos de inversión es una de ellas, al igual que la incertidumbre generada en el sector empresarial por las dubitativas políticas económicas, con excepción de las políticas monetaria y cambiaria del Banco Central.

El Ministerio de Hacienda insiste en que la baja calificación “no producirá ningún efecto negativo”. Es un error. Algunos economistas consultados por este medio afirmaron que la baja calificación, reflejo de la política fiscal expansiva, ya había surtido efectos en el tanto había sido anticipada por el mercado, pues ya los rendimientos han subido. Y otros fueron más allá al afirmar que, además, se podrían esperar nuevos aumentos en las tasas de interés en el mercado financiero local por la presión hacendaria. En cualquiera de los casos, hay efectos directos o indirectos en el costo del financiamiento, con repercusiones para la producción nacional y para el propio Ministerio de Hacienda. No podemos descartar que la nueva emisión de los denominados “eurobonos” tenga un costo superior, comparado con las anteriores emisiones.

Finalmente, está el efecto de la mayor desconfianza hacia los títulos de nuestra deuda soberana, generada por la calificación y la percepción de que existe un mayor riesgo al invertir en Costa Rica. Es un factor psicológico difícil de ponderar, pero no, por ello, inexistente. A finales de este año, cuando el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos comience a incrementar las tasas de interés y hacer comparativamente menos atractiva la inversión en países en desarrollo, incluyendo el nuestro, los inversionistas extranjeros nos podrían pasar la factura con menores entradas de capital. Entonces veremos si la política fiscal ha sido suficientemente responsable, como presume el Ministerio de Hacienda.

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