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EDITORIAL

Las pensiones de lujo, sí, de lujo, de la Corte

Actualizado el 26 de marzo de 2017 a las 12:00 am

Un transitorio de la reforma a las jubilaciones de la Corte permite conservar los privilegios actuales a quienes tengan 20 años o más de cotizar para el lujoso sistema

Llama la atención la defensa de un transitorio que pondrá en riesgo las pensiones de 10.000 cotizantes para beneficiar a 3.040

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Las pensiones de lujo, sí, de lujo, de la Corte

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Un comunicado suscrito por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) califica de “absolutamente falsa” nuestra información sobre el transitorio de 20 años que permitiría otorgar otras 3.040 pensiones de lujo después de reformado el régimen de jubilaciones del Poder Judicial. Para desmentir la información, el comunicado alega una serie de falacias que luego califica de “información oficial” para preguntar: “¿de cuáles pensiones de lujo están hablando?”.

Según el transitorio, quienes tengan 20 años o más de cotizar para el lujoso sistema mantendrán las condiciones actuales. En esa situación están 3.040 empleados, un 23% de la planilla. El primer lujo es el transitorio mismo. Tanto el régimen del Poder Judicial como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social están destinados al colapso en ausencia de reformas urgentes, pero los cambios en el IVM podrían regir de inmediato, salvo el caso de quienes cumplan las condiciones de jubilación en los 18 meses siguientes a la reforma. La Sala Constitucional estableció el plazo en 1993, pero ahora que afectaría al Poder Judicial, surge la pretensión de extenderlo a una década, por medio de la ley y solo para los funcionarios de la Corte.

El transitorio permitirá a los 3.040 privilegiados calcular la pensión con base en el promedio de sus últimos 24 mejores salarios, sin tope, cuando cumplan 30 años de cotizar y 60 de edad, gracias a la reciente reforma que elevó la edad, hasta hace poco establecida en 55 años. Los 216.793 jubilados del IVM cobran entre el 43% y el 52,5% del salario de referencia establecido a partir de los ingresos de 20 años, con tope de ¢1,5 millones. Su edad ordinaria de retiro es de 65 años. Para adelantarla a los 62, es necesario hacer 462 cotizaciones. En la Corte no hay tope porque la Sala Constitucional, es decir, la propia Corte, lo anuló.

Según el comunicado, el 68% de las pensiones del Poder Judicial están por debajo de la pensión máxima del IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social, es decir, ¢1,5 millones. Los “datos oficiales” omiten varias consideraciones de importancia.

Para comenzar, solo el 1,3% de las pensiones concedidas por el IVM alcanzan el tope. Se trata de 1.752 de los 216.793 pensionados. ¡Según el comunicado de Acojud, “solo” el 1,42% de los jubilados en el Poder Judicial superan los ¢5 millones! Solo se trata de 41 personas en un régimen con 3.673 jubilados y 13.000 cotizantes, pero hay otro 17,65% de pensionados con beneficios de entre ¢1,5 millones y ¢3 millones, es decir, con pensiones superiores al máximo pagado por el IVM, según los “datos oficiales”.

La verdad es que en el Poder Judicial la pensión promedio es de ¢768.000 y el 40% de los jubilados recibe más de ¢1 millón. En el IVM, el promedio es de apenas ¢269.000 y muy poquitos superan el millón. Unos 661 pensionados de la Corte se llevan ¢27.000 millones anuales, un 48% del gasto total del régimen. El 52% restante es para 2.958 pensionados (82% del total) cuyas jubilaciones son menos extravagantes, pero superan en mucho las asignadas por el IVM a quienes desempeñaron funciones equivalentes en la empresa privada y otras instituciones.

Los 661 más afortunados tienen pensiones de entre ¢2,5 millones y más de ¢9 millones. En promedio cobran ¢3,4 millones. Otras 823 personas reciben jubilaciones de entre ¢1 millón y ¢2,5 millones. En este caso, el promedio es de ¢1,3 millones. El resto de los 3.619 jubilados cobran menos de ¢1 millón, mucho más que sus pares en el IVM.

La falacia de Acojud consiste en desacreditar el “privilegio” con el argumento de que las pensiones más altas y escandalosas benefician a la quinta parte de los jubilados. La distorsión tiene mucho que ver con el uso en la discusión pública, para ilustrar los excesos, de las pensiones hasta de ¢9 millones pagadas a los magistrados.

Esas son pensiones de lujo, pero no es menos lujosa, aunque sea más modesta, la pensión de un chofer de la Corte, concedida a los 60 años, luego de cotizar 30, con el promedio de los 24 últimos mejores salarios. En esas condiciones, el conductor es un pensionado de lujo frente a sus pares del IVM. Comparar peras con manzanas es una tomadura de pelo que raya en insultante para la inteligencia del pueblo que, además, financia los privilegios de la burocracia.

El comunicado también argumenta que las cotizaciones al régimen del Poder Judicial son casi cuatro veces mayores. “Piense usted en la diferencia de cotizar el 2,84% a la CCSS o cotizar el 11% de su salario neto durante toda su vida laboral, además de seguir aportando lo mismo aun después de jubilado (…). A esa pensión del Poder Judicial rebaje el 5% del salario bruto para seguro de enfermedad de la Caja, lo que no se rebaja a los demás pensionados o jubilados”.

¿Si tanto es el sacrificio, por qué no se vienen los funcionarios judiciales a disfrutar del IVM? Así cotizan menos, no pagan después de jubilados y no contribuyen al seguro de enfermedad, al menos por ahora, porque esas condiciones seguramente cambiarán en el IVM cuando la Caja se resigne a tomar las medidas que ya no se pueden postergar. Un régimen único de pensiones sería una solución justa y le ahorraría a la Acojud la constante defensa del sistema existente. ¿Por qué no, si la inmensa mayoría de costarricenses ya comparte un solo conjunto de condiciones?

Los “datos oficiales” de Acojud no dicen que el Estado aporta, porcentualmente, mucho más al régimen del Poder Judicial que al IVM. El Poder Judicial, como patrono, deposita el 14,36% del salario de cada trabajador. En cambio, los demás empleadores, públicos y privados, cotizan un 5,08% para las pensiones de los costarricenses comunes y corrientes. La diferencia sale del presupuesto nacional.

El Estado, es decir, el pueblo, aporta, como patrono, un 9,28% más para un empleado judicial en comparación con las cotizaciones del propio Estado y de otros patronos para el resto de trabajadores. El empleado judicial, es cierto, cotiza un 11% para su régimen, pero eso es apenas un 1,72% más que el regalo estatal, reservado exclusivamente para los funcionarios de la Corte. “Piense usted en la diferencia de recibir del Estado un 9,28% de su salario neto durante toda su vida laboral”, pudo haber dicho el comunicado.

Con sus enormes pensiones de privilegio, esos funcionarios pronto extraen mucho más del régimen de lo que aportaron, e incluso de lo que aportó el Estado. De otra forma, el sistema no tendría un faltante de ¢5,3 billones, equivalente al 60% del presupuesto nacional para este año.

Por eso el superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, y quienes le precedieron en el cargo afirman que “nadie que se pensione en el Poder Judicial aportó suficiente para lo que se está llevando”. Los “datos oficiales” tampoco reparan en que el reciente estudio actuarial del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica concluyó que para sostener el régimen los aportes deberían pasar del 26,6% del salario a 48,94%.

Esas son las pensiones de lujo de las que estamos hablando, para responder la pregunta del comunicado. Pero vale señalar que los jubilados con mayor ingreso no solo son privilegiados frente al resto de trabajadores. También lo son frente a otros empleados judiciales. Según la Superintendencia, algunos aportan proporcionalmente más en relación con el beneficio final.

Por último, llama la atención la defensa de un transitorio que pondrá en riesgo las pensiones de 10.000 cotizantes para beneficiar a 3.040. Esa es la ruta seguida por el régimen para llegar a la crisis actual. Cada nueva generación de pensionados atrasa los cambios lo suficiente para jubilarse y, después, ¡que venga el diluvio! Los más jóvenes deben detenerse a pensar y preguntarse por qué algunos proponen un plazo para mantener sus privilegios y, al mismo tiempo, coinciden en la necesidad de reformar los futuros beneficios del resto.

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