Peligro de distracción

Para algunos sectores, el reglamento vigente ofrece la posibilidad de ejercer una influencia política muy superior al tamaño del mandato surgido de las urnas. Un solo diputado, con representación de una ínfima parte del electorado, puede, al amparo del reglamento, descarrilar la voluntad de la mayoría.

Para esos grupos, la normativa interna es fuente de un desproporcionado poder negociador, a menudo aprovechado para satisfacer intereses sectoriales de alcance limitado y costo exorbitante. En esas circunstancias, es comprensible su oposición a la reforma.

Las propuestas más complejas y discutibles del informe, como la ampliación del número de diputados o la adopción de algunas características del modelo de gobierno parlamentario, ofrecen a los opositores la oportunidad de centrar la discusión en temas ajenos a la reforma reglamentaria. Son asuntos polémicos, capaces de despertar dudas en la opinión pública al punto de invisibilizar las propuestas más prácticas y de mayor aceptación, como la reforma del reglamento.

Si tienen éxito, los opositores podrán darle un entierro de lujo a la propuesta de enmienda legislativa, especialmente ahora que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclaró la imposibilidad de resolver el tema mediante referendo, salvo una convocatoria respaldada por 38 votos en el Congreso. Si el Gobierno consiguiera semejante mayoría para convocar a un referendo, mejor la aplica en reformar el reglamento directamente en el plenario, con menos costo y mayor economía de tiempo.

Descartada la posibilidad de una consulta popular, la enmienda no tiene otro camino que la negociación política y la conformación de mayorías en la Asamblea Legislativa. Es una vía difícil, pero ninguna otra parece transitable y el Ejecutivo consiguió, en el pasado reciente, los votos necesarios para aprobar un proyecto de ley mucho más polémico: el plan fiscal frustrado por errores de procedimiento y no por falta de votos. También se consiguió, en el pasado, una mayoría suficiente para enmendar el reglamento y crear la vía rápida.

Los grupos de oposición han admitido la necesidad de reformar las normas del Parlamento. Esa fue su única promesa concreta cuando lograron el control del Directorio legislativo. El compromiso no fue sincero. En todo el año de administración el proyecto no avanzó un palmo, pero algunos integrantes de la alianza mostraron suficiente compromiso como para no abandonar la esperanza. Los demás, al aceptar la necesidad de la reforma y plantearla como elemento programático único de la administración opositora, mostraron sensibilidad frente a una opinión pública cada vez más convencida de las deficiencias del Congreso.

La proclividad de algunos grupos opositores a aceptar la reforma, sumada a una discusión suficiente para incrementar la presión de la opinión pública, abre la posibilidad de conseguir el resultado, bajo condición de no permitir el desvío del debate hacia propuestas polémicas, de difícil aprobación.

La fijación de plazos para votar los proyectos, la reducción a la mitad del número de sesiones habilitadas para presentar mociones en el plenario, la eliminación de las mociones de reiteración o, cuando menos, la reducción de las sesiones que los diputados tienen a disposición para plantearlas, la exigencia de una votación calificada para devolver los proyectos a comisión, la fijación de un plazo para el nuevo trámite, el otorgamiento de potestades al presidente de la Asamblea y a los de las comisiones para rechazar mociones dilatorias, repetitivas o improcedentes, conservando el derecho de los diputados a apelar esas decisiones y la limitación del uso de la palabra a un periodo de tiempo asignado por fracción, no por diputado, son todas reformas cuya necesidad es fácil de comprender en vista de la realidad legislativa de los últimos años.

Si la voluntad popular no puede pronunciarse sobre el tema en un referendo, sí puede hacerlo por los medios usuales, pero para conseguirlo es necesario mantener la atención sobre lo importante.