El Foro de Occidente, dijo el presidente Luis Guillermo Solís durante la campaña electoral, es un ejemplo de la participación ciudadana que el país debe fortalecer. La organización consiguió frenar la concesión de la autopista entre San José y San Ramón, hace poco más de cuatro años.
Pasado ese tiempo y luego de indemnizar con $35 millones a la empresa brasileña OAS por la ruptura del contrato, la importantísima obra sigue en veremos. Los diputados aprobaron la creación de un fideicomiso y el mandatario firmó la ley en el parque de San Ramón, con la pompa del caso.
Luego de un concurso poco concurrido, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) designó al Banco de Costa Rica como administrador del fideicomiso. El Banco está entusiasmado con la obra, pero solo la emprenderá si el gobierno se allana a sus pretensiones de controlar por completo la ejecución hasta entregar la carretera llave en mano, como lo habría hecho OAS. Conavi se resistió, alegando la imposibilidad de delegar funciones asignadas por ley.
El presidente intervino para vencer la resistencia y el caso pronto caerá en manos de la Contraloría General de la República. Si la Contraloría valida las objeciones del Conavi o alguna otra, el proceso dará marcha atrás y solo Dios sabe cuántos años pasarán antes del inicio de la obra. El país gastará un río de recursos en dar mantenimiento a una infraestructura insalvable y, una vez más, el proyecto se encarecerá, como viene sucediendo desde el 2004, cuando se anunció como apremiante.
Si el fideicomiso supera el escrutinio de la Contraloría, hará falta un año para completar la estructuración financiera y concretar los préstamos, calcula con optimismo German Valverde, nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes. Si la estimación es correcta y el Banco ejecuta la obra a la perfección, todavía quedará una piedra en el camino: la insatisfacción del Foro de Occidente con los peajes, y por ahí comenzó el problema en el 2013.
El Banco y el nuevo ministro estiman el costo del viaje de ida y vuelta en más de ¢4.000. OAS había calculado ¢3.930 en el 2013. Según las últimas estimaciones del elogiado Foro de Occidente, con ¢2.800 alcanza. El Foro no tiene los recursos técnicos del MOPT o el Banco, mas su criterio pesó tanto como para descarrilar la concesión. Para conservar la coherencia, habrá que tomarlo en serio una vez más, aunque los números parecen irreconciliables, salvo la aprobación del “peaje a la sombra” sugerido por el nuevo ministro, que consiste en pasar la factura al presupuesto nacional, ya deficitario e insuficiente para financiar otras necesidades apremiantes.
Las justificaciones para cobrar peajes similares a los de OAS no se hacen esperar. La estimación de los brasileños se hizo hace cuatro años y las obras se encarecen, dice una de ellas. Otra señala que el proyecto es más ambicioso en la actualidad. No sabemos si esas razones son válidas porque todavía no hay una estimación del costo de los peajes. Superará los ¢4.000, pero no se ha dicho en cuánto.
Por otra parte, a diferencia de OAS, el fideicomiso no pagará impuesto sobre la renta y no se le exigirá el aporte de capital del 20% ( equity ). En consecuencia, la obra se financiará totalmente con deuda. Esos factores incidían en los costos de la concesión original y deben ser tomados en cuenta a la hora de comparar.
El encarecimiento de la obra por el paso del tiempo tampoco satisface como explicación. Si hubo tiempo perdido, es por la intervención del elogiado Foro, cuya excelencia solo quedará demostrada cuando el Banco acceda a fijar peajes baraticos para financiar una obra más ambiciosa, como en su momento se prometió. Entonces podremos celebrar la cancelación de la concesión. El tiempo perdido y la indemnización a OAS serán insignificantes en relación con la disminución del costo de la obra, a cuya merced pagaremos poquito peaje sin llevar al Banco a la ruina. Todo habrá valido la pena cuando el Foro demuestre al Banco y al nuevo ministro su equivocación en el cálculo del peaje.
Una viceministra de Infraestructura de esta administración, Giselle Alfaro, no lo cree posible. Hace meses, cuando todavía ejercía el alto cargo, la funcionaria calificó de errada la cancelación de la concesión, lamentó el tiempo perdido y condenó la interferencia de las pasiones políticas en la toma de decisiones trascendentales para el país. Con desacostumbrado candor, aludió a que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Pronto sabremos si hay siquiera motivos para bailar.