El “Semanario Universidad” admite que en la mayoría de los casos nacionales no hay ilegalidad alguna, pero luego siembra una nebulosa de dudas y sospechas

 5 abril, 2016

Los Panama Papers (Papeles de Panamá), una gran cantidad de documentos extraídos de un bufete panameño, algunas de cuyas operaciones dan pie a serios cuestionamientos, fueron publicados, en su versión local, por el Semanario Universidad. El tesoro de información, en manos más hábiles, probablemente permitiría correr el velo de operaciones ilícitas con gran provecho para la opinión pública. Pero el Semanario no hizo distinciones y, junto a algún caso donde la ilegalidad salta a la vista, incluyó una pléyade de nombres y empresas, sembrando duda sobre todas ellas.

El propio Semanario comienza por admitir que en la mayoría de los casos no hay ilegalidad alguna. Luego, los mete a todos bajo la sombrilla de “una cultura” de evasión y elusión fiscal. Salvo en un caso, no revela indicio alguno de comportamientos de esa naturaleza. Simplemente, sospecha. Los individuos y las empresas quedan obligados a probar su inocencia, ya no en el terreno legal, porque el propio Semanario Universidad pronunció su absolutoria, sino en el terreno moral.

Fresh Market, empresa constituida en Costa Rica, con negocios transparentes en el país, creó una sociedad en Panamá para iniciar operaciones en ese mercado. Universidad no sabe distinguir entre una sociedad local panameña de capital costarricense y una offshore. Entonces, incluye a Fresh Market entre sus sospechas. Los costarricenses, al parecer, no pueden hacer negocios en el exterior sin caer bajo la sospecha de participar en una cultura de evasión y elusión.

El caso es muy parecido al de la constructora Meco, una verdadera transnacional costarricense participante en las obras de ampliación del canal de Panamá y ganadora de una licitación por más de $1.200 millones para construir una carretera en Colombia. El 80% de las operaciones de Meco son en el exterior, pero no puede crear una estructura jurídica para manejarlas en el extranjero sin generar dudas a Universidad.

Productos de Concreto también se estableció en Panamá con el objetivo de hacer negocios en ese país. Como Meco y Fresh Market, no fundó una offshore, sino una sociedad local para ofrecer sus servicios en el país vecino, pero a Universidad eso le parece un hecho para desconfiar.

Aldesa ideó la creación de un fondo de desarrollo inmobiliario para ejecutar proyectos turísticos en Guanacaste. Escogió esa figura jurídica por razones operativas. A diferencia de una sociedad, el fondo no permite a los inversionistas tomar parte en la administración. No es necesario convocar a los 166 participantes que a la postre tiene el fondo para tomar decisiones en asamblea, como ocurre con las sociedades. Los inversionistas son pasivos y confían en los administradores para ejecutar las operaciones con agilidad.

Aldesa no pudo constituir el fondo en Costa Rica porque no existía la regulación necesaria, aunque es común en todo el mundo. Por eso estructuró el negocio en Panamá. Pasado poco más de un año, Costa Rica emitió las regulaciones pertinentes, Aldesa liquidó la estructura panameña y se trajo el fondo para Costa Rica, lo cual demuestra ausencia de cualquier intención inapropiada. En este caso no cabe siquiera la sospecha, pero el tema fue tratado con amplitud en las publicaciones, por supuesto, sin señalamiento específico de irregularidad alguna, pero siempre bajo el manto generalizado de la “cultura” de defraudación.

Fifco decide invertir en la industria turística guanacasteca. Encuentra un aliado en una fundación estadounidense que, a la postre, termina constituida en socia mayoritaria de la empresa creada para desarrollar los proyectos. Los norteamericanos prevén la posibilidad de algún desacuerdo y no quieren resolverlo en la jurisdicción del socio costarricense. Por las mismas razones, Fifco no se compromete a someter los diferendos a autoridades de Estados Unidos. Buscan en Islas Vírgenes Británicas una jurisdicción neutral y crean allí la compañía. La jurisdicción no es solo neutra sino también respetable para ambos socios, porque el territorio forma parte de la mancomunidad británica.

El resultado son importantes desarrollos turísticos en suelo nacional, parte capital de Fifco y parte inversión extranjera directa del socio estadounidense, todas sujetas al régimen impositivo de nuestro país. Sin embargo, las empresas nacionales no pueden atraer inversionistas sin despertar las sospechas de Universidad, aunque Fifco es una empresa tranzada en la Bolsa de Valores y como tal debe hacer públicas sus operaciones, incluido, desde luego, el negocio citado, cuyos resultados figuran en los estados financieros disponibles para examen del público.

Una pareja de costarricenses decide invertir en las bolsas de valores estadounidenses, para lo cual traslada ahorros a un banco de ese país. Los ahorros son producto de su trabajo y pagaron impuestos cuando se generaron. Es dinero propio, no sujeto a obligaciones con el fisco. Para abrir la cuenta en Estados Unidos, la pareja crea una sociedad en Panamá. Los resultados de las eventuales inversiones estarían exentos de impuestos en ese país y también en Costa Rica, donde no hay tributo a las rentas y ganancias de capital producidas en el extranjero. Establecen la compañía en el país vecino porque hay menos trámites, requisitos y costos. Por ese solo hecho despiertan las suspicacias de Universidad y se ganan un lugar en la “cultura” de evasión, aunque no incurren en ella.

Así, los “casos” expuestos por Universidad se desmoronan uno a uno bajo el escrutinio más cuidadoso, pero el daño está hecho y la oportunidad brindada por los Panama Papers para asomarnos a las irregularidades efectivamente cometidas con el mal uso de las offshore, queda desaprovechada.

Afortunadamente, las autoridades tributarias nacionales se comprometieron a iniciar una investigación, aunque saben tan bien como el Semanario Universidad que en la gran mayoría de los casos no hay irregularidad alguna. Ni siquiera sus conclusiones servirán para convencer a sectores que quieren creer las insinuaciones de Universidad, pero la mayor parte del país prefiere saber la verdad y nadie mejor que las autoridades para decirla.

Por lo pronto, las publicaciones demonizaron toda actuación empresarial de los costarricenses en el extranjero y los instrumentos jurídicos necesarios para desarrollarlas. Lo lograron pese a dedicarle un par de líneas al reconocimiento de la legalidad de la mayoría de las transacciones, con el simple subterfugio de presentar como un hecho sus infundadas sospechas.