Unos 68.000 estudiantes con derecho a beca no pueden disfrutarla por el rezago burocrático de Fonabe

 5 julio, 2014

Es más difícil conseguir la ayuda del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) que una visa de ingreso a los Estados Unidos, dice Rocío Solís, viceministra de Educación. Los datos parecen darle la razón. Sin embargo, no queda claro cuánto más difícil, porque para aquilatarlo es preciso saber si el Consulado norteamericano rechaza 68.000 solicitudes al año. Ese es el número de estudiantes con derecho a beca y sin posibilidad de disfrutarla por el rezago burocrático de Fonabe.

El dinero está a disposición del Fondo y también existe una fila de potenciales beneficiarios. Hay ¢16.000 millones desaprovechados este año porque los formularios de solicitud no fueron procesados a tiempo. Fonabe solo autorizó 129.000 de las 197.000 becas presupuestadas.

El Fondo niega la existencia de problemas, pero la viceministra responde con lógica avasalladora: “Si a estas alturas solo hemos ejecutado el 65% de las becas, sí hay problemas”. Las cifras dejan poco espacio para la duda, pero, si lo hubiera, la historia de Fonabe terminaría de cerrarlo.

Los titulares de prensa recogieron protestas por los tres meses de atraso en el desembolso de la becas del 2006. Al año siguiente, la Contraloría General de la República llamó la atención del Fonabe por los ¢1.800 millones no entregados a los beneficiarios en el período anterior. En el 2009, la entrega de 10.000 becas se atrasó por el lento traslado de datos del Fonabe al Instituto Mixto de Ayuda Social.

La institución comenzó el curso lectivo del 2010 con 96.000 becas por asignar y 100.000 solicitudes en lista de espera. En el 2012, un desacuerdo entre Fonabe y el Banco Nacional impidió entregar becas a 47.000 beneficiarios durante más de seis meses y, en el 2013, hubo un superávit de ¢3.843 millones y muchas solicitudes desatendidas.

Tan habituales se hicieron las deficiencias del Fonabe que el 6 de febrero del 2013, cuando inauguró el curso lectivo, la presidenta, Laura Chinchilla, expresó la esperanza de que el Fondo no le fallara al país ese año. Tres meses después, 70.000 beneficiarios recibieron la ayuda a destiempo. Estamos a mediados del 2014 y la viceministra hace la tragicómica comparación con las visas de Estados Unidos mientras 68.000 estudiantes esperan una beca.

El programa tiene la importantísima finalidad de retener a los estudiantes en las aulas. El sistema ha demostrado su eficacia para combatir la deserción y esa es razón de más para lamentar los errores. Si lo estudiantes becados tienen mayores posibilidades de permanecer en el sistema educativo, cada beca no otorgada implica el riesgo de perder a un alumno. Asumir ese riesgo no se justifica cuando el país hace el enorme esfuerzo de apartar los fondos necesarios.

La viceministra Solís anuncia la intención de revisar los procesos para asegurar la entrega oportuna de las becas. Según la funcionaria, es indispensable simplificar los requisitos, agilizar las resoluciones, girar los fondos puntualmente e informar a los beneficiarios sobre el estado de la beca. Son propósitos loables, pero también es preciso aprender de la experiencia.

El exministro de Educación Leonardo Garnier se quejaba de la limitada injerencia de su despacho en el Fonabe, gobernado por una junta directiva constituida en órgano superior del sistema. Por eso, propuso una reforma legal para aclarar las potestades y responsabilidades del Ministerio de Educación, permitir la adopción de la firma digital y unificar las bases de datos.

La Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República también han estudiado las deficiencias y podrían aportar respuestas. El problema y sus consecuencias son de magnitud suficiente para justificar un esfuerzo interinstitucional, con el fin de encontrar la solución definitiva para que ningún mandatario vuelva a verse traicionado en la esperanza de que Fonabe no le falle al país.

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