Para no enfrentar reclamos por las decisiones difíciles que pronto serán inevitables, los gobernantes han jugado, hasta ahora, a patear la bola del IVM hacia adelante

 13 junio

El agua le llegó al cuello al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social. Cada vez hay menos margen de maniobra y la práctica política de patear la bola hacia adelante magnifica los riesgos del sistema de pensiones más importante del país.

El día de la crisis definitiva se aproxima y los gobernantes deben dejar de jugar a la ruleta rusa. Si el sistema revienta, como ha sucedido en otros países, ninguno dejará de compartir la culpa. Tampoco los sectores organizados cuya participación ha sido determinante en el proceso.

Hasta hace poco, la Caja simplemente negaba la existencia de una crisis y encontraba formas de desacreditar los estudios actuariales contrarios a esa fantasía. Los gobiernos de turno avalaron, uno tras otro, las explicaciones de la institución y sus actitudes esquivas, aun frente a la Superintendencia de Pensiones, a la cual se le negó públicamente información de vital importancia para aquilatar la situación.

Para no enfrentar reclamos por las decisiones difíciles que pronto serán inevitables, los gobernantes han jugado, hasta ahora, con la cada vez menos convincente jerigonza financiera de la Caja. Pero estamos al borde de caer y el ejercicio de patear la bola hacia adelante ya no puede ser solamente retórico. Las autoridades se han visto obligadas a actuar, aunque sea discretamente.

En los últimos lustros, la institución hizo ajustes en las contribuciones y ha dado marcha atrás en la concesión de beneficios ruinosos, como la jubilación adelantada. Son cambios menores en relación con la seriedad de las finanzas del régimen, por fin establecida mediante estudios actuariales que la Caja no puede disputar por provenir de expertos de la Universidad de Costa Rica.

Pero las malas noticias derivadas de ese estudio y la inquietud suscitada por su divulgación no bastó para mover a Zapote más allá de la convocatoria a un diálogo cuyo desarrollo probablemente consumirá los meses restantes de la administración Solís. Una vez más se habrá logrado patear la bola, casi milagrosamente, dado el reducido espacio disponible para hacerlo.

Pero la Junta Directiva de la Caja está más cerca del sismo y decidió dar, de una vez, un paso polémico. Elevó en un 1% la cuota obrera y desató la ira de los sindicatos. Los directores, por unanimidad de los presentes, adoptaron la decisión con plena conciencia de su carácter insuficiente y temporal. No pretendían resolver por ese medio la crisis del IVM, pero sí generar los recursos necesarios para evitar la erosión del fondo de reserva mientras los sectores convocados por el Poder Ejecutivo discuten soluciones más permanentes.

Hace años la Caja comenzó a tomar los intereses generados por el fondo de reserva para pagar pensiones. Una y otra vez lo justificó como una medida de urgencia, producto de las necesidades del momento. Hoy admite que debe utilizar los rendimientos financieros para pagar los gastos y proyecta que eso no será suficiente. Pronto deberá echar mano del fondo en sí mismo, con lo cual la reserva no solo deja de crecer, sino que comenzará a disminuir al tiempo que la población envejece y cambia la proporción entre cotizantes y beneficiarios.

Pero los sindicatos dijeron no y el gobierno se hincó al punto de ofrecerles el sacrificio de la presidenta ejecutiva María del Rocío Sáenz, partidaria de mantener el ajuste en la cuota obrera. El patrón es familiar. Lo mismo ha sucedido con las iniciativas para reformar el empleo público y las concesiones a los sindicatos después del fracaso de la “madre de todas las huelgas”.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) reaccionó con un retiro temporal de la mesa de diálogo y emplazó al ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, por su insistencia en desconocer las decisiones de la Junta Directiva de la Caja e irrespetar los acuerdos alcanzados cuando se conformó la mesa.

Además, repudió las presiones sobre la Junta Directiva de la Caja para hacerla desistir de los acuerdos tomados con criterio técnico y suplantarlos por decisiones políticas. En suma, el diálogo convocado para patear la bola hacia adelante también está en crisis por la adopción de una medida que no compagina con el libreto de Zapote. La idea es que el próximo gobierno se encargue.