El gasto acumulado en convenciones colectivas y otros beneficios, en un país sumido en déficit fiscal, se hace insostenible, amén de injusto

 21 noviembre, 2014

Las convenciones colectivas del sector público reescriben el Código de Trabajo para ampliar los derechos de sus beneficiarios al punto de crear una clase privilegiada con fondos públicos. Las convenciones están pensadas para superar los mínimos establecidos por ley, pero, en nuestro país, se apartan de la norma en exceso.

Las horas extraordinarias de los trabajadores sometidos al Código de Trabajo se pagan como tiempo y medio, pero los 3.000 empleados de la Universidad Nacional (UNA) reciben pago doble y un monto adicional por el factor de cálculo denominado 173.33.

Las convenciones colectivas elevan o eliminan el tope de la cesantía, fijado en ocho años por el Código de Trabajo. Las vacaciones se alargan, los pluses salariales multiplican el gasto en planilla y se crean beneficios no contemplados en la legislación aplicable a la inmensa mayoría de trabajadores, como las ocho horas semanales, con goce de salario, concedidas a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para hacer estudios universitarios.

El gasto acumulado, en un país sumido en déficit fiscal, se hace insostenible, amén de injusto. En los últimos años, un puñado de fallos de la Sala IV y acciones aisladas del Poder Ejecutivo avivan la esperanza de revertir la situación, ruinosa para las finanzas públicas e inicua para quienes no trabajan en las instituciones privilegiadas y deben sufragar con sus impuestos los beneficios concedidos a un número comparativamente reducido de funcionarios públicos.

Sara Salazar, presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), anunció recientemente la intención de renegociar con los sindicatos la convención colectiva de la institución, una de las más dispendiosas. La UNA acudió a la Sala Constitucional para eliminar su costoso sistema de cálculo de horas extras y el Ministerio de Trabajo dejó sin efecto la negociación entre el Inder y sus funcionarios mientras se la somete a revisión en la Comisión de Convenciones Colectivas, constituida por los ministerios de Trabajo, Hacienda y Presidencia, en conjunto con la Dirección General del Servicio Civil. La revisión establecerá si hay presupuesto para pagar los beneficios y si las concesiones se ajustan a la normativa laboral.

La inusual actividad en torno a las convenciones colectivas responde, en buena parte, a una directriz del presidente, Luis Guillermo Solís, emitida en setiembre, para exigir la revisión de los acuerdos vigentes en 20 instituciones públicas. La decisión es acertada, pero podría quedar corta si los negociadores del Gobierno no ponen empeño en limitar los abusos. Solo en Recope hay unas 100 cláusulas sometidas a revisión.

Caras como son las convenciones colectivas, una de las claves para mejorar las finanzas públicas y garantizar su estabilidad en el futuro es el ordenamiento del empleo público. También en ese rubro el Gobierno anuncia acciones. El año entrante, enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para procurar una importante reforma.

Costa Rica es el único país latinoamericano donde los empleados estatales ganan más que sus contrapartes del sector privado, y la diferencia entre unos y otros es un elemento de peso en la desigualdad social. La excepción a la regla son los funcionarios de nivel técnico y profesional, por lo general peor pagados que sus similares de la empresa privada, aunque sus servicios son fundamentales para mejorar la Administración Pública.

Por otra parte, no existen verdaderos mecanismos de evaluación del desempeño, como lo demuestra el altísimo porcentaje de funcionarios con calificación suficiente para obtener incentivos que, a la postre, operan como aumentos automáticos y no como estímulos al rendimiento laboral.

La corrección de ese cúmulo de contradicciones es cada vez más urgente y, si el Gobierno la emprende con seriedad, hará una importante contribución al desarrollo nacional.

Etiquetado como: