La vejación que recibió el bebé de Los Chiles, por todo lo excepcional que nos parezca, en sus aspectos más escandalosos, no es única

 17 febrero, 2015

La tortura y asesinato de un niño de 2 años, ocurrido en Los Chiles, ha conmovido a la sociedad costarricense con una ola de estupor que debe transformarse en un cambio radical de la forma de abordar el maltrato infantil, la situación de la madre inmigrante o en condiciones de precariedad social y la violencia intrafamiliar.

Durante una década hemos contemplado pasivamente el crecimiento de las estadísticas sobre abuso infantil sin atender el problema de fondo ni repensar una política institucional que se revela omisa, insuficiente u obsoleta. Como expresó el presidente, Luis Guillermo Solís, “todos somos responsables”, y la muerte de un menor de edad en estas circunstancias debe comprometernos activamente, como comunidad, a impedir que vuelva a suceder.

Aunque este crimen, cuyos detalles han indignado a Costa Rica y Nicaragua, por el origen de los involucrados, no quede impune en términos judiciales, no habrá una verdadera reparación social hasta que tomemos conciencia de que estamos frente a una problemática amplia y dolorosamente enquistada en la sociedad, que hay que atacar en sus raíces, como es el embarazo adolescente y la violencia de género.

Para no ir más lejos, solo en el primer mes del año, el Hospital Nacional de Niños (HNN) registró un aumento del 117% en las agresiones infantiles y, al terminar el 2015, recibirá 1.000 casos más que en el 2014, si la tendencia continúa a este ritmo de crecimiento.

La vejación que recibió el bebé de Los Chiles, por todo lo excepcional que nos parezca, en sus aspectos más escandalosos, no es única, y responde a un claro patrón de maltrato que se inicia durante el embarazo adolescente, resultado de una violación o de un vínculo con un adulto. Las futuras madres reproducirán la agresión de la que fueron objeto en sus propios hijos.

El caso del niño asesinado, sin embargo, debe llenarnos de vergüenza porque todas las alertas que debieron haberse dado –familiares, comunales e institucionales, tanto en Nicaragua como en Costa Rica–, para impedir este desenlace, fallaron. Por esa razón nos invade un sentimiento de fracaso colectivo.

El clamor popular no debería acallarse hasta que se haga efectivo el lema de la masiva caminata que se realizó en repudio a lo ocurrido en Los Chiles, “Si callas, permites”, pero también hasta que la política de protección de los derechos de los niños y de las niñas sea capaz de cumplir con su cometido.

Como señaló el Instituto de las Mujeres (Inamu), este caso es consecuencia de un entramado de violencia sistémica, pobreza y vulnerabilidad extremas. La madre nicaragüense del niño, menor de edad ella misma, fue violada a los 13 años y quedó embarazada. Al ser agredida por su compañero, 25 años mayor que ella, emigró a Costa Rica, hasta donde él la persiguió.

“Las mujeres tienen miedo a vivir con el agresor, pero mayor es el temor a salir de su lado por estar atrapadas entre el mandato cultural que normaliza la violencia, la dependencia económica, las consecuencias psicológicas que sufren y el miedo a la crítica social junto a la amenaza del agresor”, afirmó el Inamu.

En abril del año pasado, una madre acusada de matar a su bebé de 9 meses fue golpeada por reclusas de El Buen Pastor, donde se encontraba detenida, al grito de “Fuenteovejuna”, la frase con la que el pueblo anónimo responde con violencia a la violencia, en la obra de Lope de Vega. Este tipo de respuesta, que en otros países ha llevado a linchamientos y a tomarse la ley por la propia mano, es peligroso y debe llevar a las autoridades a reaccionar con prontitud ante la zozobra de un país que reclama justicia pronta y cumplida, no actos de venganza.

Costa Rica debe repensar su política nacional contra el maltrato infantil y no dilatar aún más la reestructuración y fortalecimiento del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como institución guía. Entidades como el Inamu, la Fuerza Pública, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el sector social y de la salud cumplen funciones importantes, pero es indispensable que el país recupere la confianza en un campo esencial como la protección de los niños y de las niñas.