Los agricultores de Tierra Blanca y Oreamuno de Cartago, entre otras zonas, sufren el robo de sus productos cuando están a punto de cosecharlos

 24 noviembre, 2016

Agricultores de Tierra Blanca y Oreamuno de Cartago ya no solo enfrentan los riesgos climáticos, las plagas y los vaivenes propios de la comercialización de sus productos. Una nueva amenaza les roba, literalmente, el sueño. Grupos organizados de delincuentes aprovechan las noches para robar papas, cebollas y hortalizas cultivadas con mucho costo y sacrificio.

A los costos de operación se suma, ahora, la contratación de vigilantes cuando el propietario de los cultivos tiene la posibilidad de hacerlo. En otros casos, los propios agricultores se encargan de la seguridad luego de sus extenuantes jornadas de trabajo. Los robos no son menores. No es rara la sustracción de mil kilos o más de productos. Además, los delincuentes causan cuantiosos daños en las fincas.

La vigilancia nocturna tampoco está exenta de riesgos. José Francisco Guillén laboraba como peón agrícola durante el día y, en las noches, hacía funciones de guarda en la misma finca. Una madrugada salió para enfrentar a un grupo de ladrones de papas que lo asesinaron de tres balazos.

Un finquero de la zona encara una investigación por haber baleado a dos hombres. El agricultor salió con su arma en la mano para enfrentar a un grupo de personas que ingresó a su terreno. La tensión en la zona, luego de los robos perpetrados en varias fincas, crea el ambiente propicio para enfrentamientos de esta naturaleza. Tierra Blanca y Oreamuno son zonas muy castigadas, pero no son las únicas afectadas.

La intervención de las autoridades es urgente. Enrique Arguedas, director regional de la Fuerza Pública, conoce bien el problema. El área es extensa y, cuando detienen un vehículo cargado en la noche, generalmente no encuentran un denunciante y no existen requisitos para transportar bienes agrícolas de esa naturaleza. El jefe policial propone la creación de un documento de trazabilidad similar al utilizado para el trasiego de ganado.

En ausencia de una denuncia o del requisito de documentar la carga, la Policía no puede hacer decomisos ni detenciones, aunque las circunstancias evidencien la probable comisión de un delito. A ciertas horas, no hay motivos para circular con un vehículo cargado de hortalizas, salvo los agricultores que se dirigen a sitios de comercialización como el Cenada. Durante los patrullajes, la Fuerza Pública detiene vehículos sospechosos, pero no puede exigir facturas de venta o guías de transporte de las mercaderías. Si como suele ocurrir a esas horas tampoco hay denunciante, el único curso de acción es dejar a los sospechosos seguir su camino.

Los agricultores exploran la idea de crear una red de vigilancia agrícola con grupos establecidos en las redes sociales y contactos telefónicos entre los miembros para sonar la alarma y llamar a la Policía en caso de detectar una irregularidad. También analizan la posibilidad de pagar la vigilancia en conjunto.

La cooperación de la comunidad en circunstancias como las descritas es indispensable y las autoridades pueden esperarla, pero la obligación de proveer seguridad pública no se le puede trasladar a los afectados. Es necesario incrementar la presencia de la Policía en las zonas afectadas. En juego está la fortuna de agricultores modestos cuya sobrevivencia en el negocio puede ser decidida por un robo de importancia.

Las medidas de control sugeridas por las autoridades de la zona funcionan en el caso del ganado. No hay motivo para demorar su adopción cuando se trata de otros productos agrícolas. Si existiera la obligación de documentar los bienes transportados, la inspección se simplificaría significativamente porque el delito no puede ser cometido sin uso de vehículos fáciles de detectar.