EscucharEl presidente de la República declaró que el país no aguanta un año más sin incrementar los impuestos. La advertencia pudo ser a la inversa. El país no aguanta mucho más el ritmo de gastos existente. Así planteada, la admonición habría sido más precisa, porque el gasto crece a un ritmo inalcanzable para los ingresos, aunque se aprueben los aumentos propuestos.
No tardaremos en llegar al mismo punto si el gobierno escoge ignorar los ajustes necesarios en los disparadores del gasto. Si el aumento en los impuestos se aprobara y por esa vía el país resistiera otro año o más, poco tiempo pasaría antes de que los disparadores del gasto público imposibiliten aguantar un año adicional sin incrementar los ingresos. Por esa vía, los contribuyentes y el aparato productivo llegarán al punto de no soportar la carga tributaria.
El problema es estructural y no se resuelve con aumentar impuestos o proponer ahorros en viáticos, viajes al exterior y publicidad. Esos recortes son bienvenidos, pero no tocan los disparadores del gasto público. Por eso, precisamente, se les escoge como medios para economizar, o dar la impresión de estar economizando.
Ese es el marco más general de la discusión presupuestaria iniciada ayer con la presentación del plan de gastos para el 2016. Si el país no aguanta un año más sin nuevos ingresos, es porque los gastos no lo permiten y el gobierno se niega a equilibrar su propuesta fiscal con verdaderas medidas de austeridad.
Los diputados harían bien si lo toman en cuenta a la hora de analizar el proyecto de presupuesto, sin olvidar el examen propuesto por Rodrigo Bolaños, ex presidente ejecutivo del Banco Central, en un artículo publicado ayer en esta misma sección. El economista advierte que un presupuesto de moderado o nulo crecimiento no implica poner freno al gasto. La paradoja se explica con facilidad: si el servicio de la deuda disminuye, merced a un menor número de vencimientos o el canje de deuda para posponer su pago, en realidad no disminuye el gasto. Agazapado detrás de una disminución en las amortizaciones de la deuda, el gasto puede crecer y hasta aumentar el déficit, dice Bolaños.
Este año el presupuesto creció un 19%. El gobierno lo justificó por la necesidad de enfrentar el vencimiento de una cantidad inusual de deudas. Aun así, la parte destinada al gasto aumentó en exceso pero, si el año entrante no es necesario atender tantas deudas y, peor aún, si se pospone el pago de parte de ellas, un presupuesto de aumento cero en realidad crecería significativamente. Por lo pronto, el crecimiento del presupuesto presentado ayer ronda el 4% cuando la comparación se hace eliminando las amortizaciones del proyecto actual y del precedente.
El ex presidente ejecutivo del Banco Central también advierte de otros recursos a mano de la administración para plantear un plan de gastos austero tan solo en apariencia. La exclusión de gastos ineludibles, para luego obligar a los diputados a incluirlos, o la posposición de gastos de capital para después tramitar un presupuesto extraordinario, están entre las maniobras posibles.
El escepticismo frente al planteamiento en apariencia moderado se justifica por las señales recientes. Luego de la extraordinaria asignación del año pasado, las universidades, por ejemplo, lograron un aumento del 7,38%, cuando la inflación es de apenas una sétima parte. Para justificar el alza, se invoca la educación y sus nobles fines, pero buena parte de los nuevos recursos son para financiar salarios y beneficios. Las universidades no aguantan con menos, dados los compromisos adquiridos a lo largo de años.
También surgen dudas del trámite seguido para la aprobación del presupuesto anterior. El gobierno no habló claro y demostró su voluntad de recurrir a maniobras cuestionables. Hubo extrañas sustituciones en la comisión dictaminadora del presupuesto, fuertes ataques contra los críticos del gasto excesivo, promesas de rebajas ilusorias y, finalmente, el plan se aprobó contra criterio de la mayoría parlamentaria, por medios que la Sala IV encontró incompatibles con la Constitución y los principios democráticos. Todo después de que el presidente prometiera, en campaña, demostrarle al país cómo se administra con austeridad y eficiencia prescindiendo de nuevos ingresos durante la mitad de su mandato.
La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de examinar con esmero el nuevo presupuesto, identificar las verdaderas reducciones de gasto, aquilatar su impacto e insistir en un plan fiscal equilibrado. El peor error sería ceder ante la insistencia de crear nuevos ingresos con base en una mera ilusión de austeridad.
