El cálculo de un año parece optimista, a juzgar por las monumentales tareas preparatorias todavía no iniciadas por el Estado costarricense

 17 julio

La empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), contratada para ampliar la carretera a Limón, pronostica el atraso de un año en el inicio de las obras. El cálculo parece optimista, a juzgar por las monumentales tareas preparatorias todavía no iniciadas por el Estado costarricense.

Al país le toca trasladar los servicios públicos para dar paso a la construcción de la vía. Recope, el ICE y AyA deben reubicar el poliducto, la fibra óptica, las líneas de distribución de energía y las tuberías de agua. Para coincidir con los plazos del contrato firmado en junio del 2013, los trabajos preparatorios debieron estar listos hace un año, pero apenas existen propuestas preliminares de las instituciones involucradas. No hay claridad sobre el costo de los traslados.

Por otra parte, el gobierno no ha iniciado el trámite de mil expropiaciones cuya necesidad era evidente desde el principio y será indispensable hacer otras para construir las ampliaciones. Tampoco esos costos están claros, pero la cantidad de indemnizaciones apunta a números muy significativos y multiplica la posibilidad de nuevos atrasos.

Aparte de las expropiaciones, los trabajos adicionales encarecerán el proyecto en un 15%. El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no sabe de dónde saldrán los fondos para financiar esas obras y cruza los dedos por una ampliación del financiamiento concedido por el Eximbank de China.

El 25 de febrero del 2015, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes Carlos Segnini, poco antes del segundo debate del empréstito contraído para financiar la obra, declaró que la constructora CHEC debía aceptar los cambios sin compensación adicional, pues de eso dependería la ejecución del proyecto.

El contrato con CHEC había sido un caballo de batalla de la campaña electoral del Partido Acción Ciudadana, que le señaló grandes deficiencias. Era difícil desdecirse de lo planteado en el curso del proceso electoral. El 12 de junio del 2014, apenas llegado al cargo, el ministro Segnini compareció ante los diputados para reiterar las dudas y señalar las debilidades del proyecto. Acto seguido, propuso las mejoras e insistió en que correrían por cuenta de los chinos. Anunció la redacción de un documento de 50 páginas para aclarar temas como el ancho de la vía y las intersecciones, sin encarecer la obra en un solo colón. Los chinos pronto negaron la posibilidad de asumir los nuevos costos. Eso lo hará Costa Rica, pero no sabe cómo.

También será necesario reconstruir nueve de los 32 puentes de la ruta. El valor exacto de esas obras se conocerá el 15 de agosto, cuando CHEC entregue los diseños finales al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Frente a las dudas expresadas por CHEC sobre la posibilidad de iniciar las obras en setiembre, como está estipulado, el Conavi tiene la esperanza de ganar tiempo con el inicio de los trabajos en los puentes, donde no haga falta expropiar o reubicar servicios, pero las dudas abundan.

En esas circunstancias, es fácil imaginar el atraso de un año en el inicio de la construcción y no puede descartarse el encarecimiento del empréstito si el tiempo sigue pasando. El contrato, firmado en junio del 2013, establece un plazo de tres años para ejecutar los trabajos preparatorios. Ese período expiró hace más de un año, pero la Unidad Ejecutora todavía no ha logrado contratar el inventario forestal necesario para lograr permisos de derribo de árboles. El trámite, dicen los encargados, estará listo a inicios de octubre. La posposición del cumplimiento de requisitos grandes y pequeños es un retrato de la imprevisión característica del desarrollo de infraestructura en Costa Rica.