El presidente Solís declaró a este diario que Bancrédito puede ser salvado, pero no aportó ningún criterio técnico de cómo hacerlo ni habló de las consecuencias económicas y sociales

 27 febrero

Más preguntas que respuestas surgen de las manifestaciones de las autoridades gubernamentales sobre la crítica situación de Bancrédito. No se sabe con certeza cuál será el plan para evitar la caída de la institución en grado de irregularidad 2 según la normativa de la Sugef, cuáles serán las reformas de fondo para restablecer su viabilidad financiera ni, mucho menos, cuál será el plan de negocios estratégico para convertirlo en un banco rentable y duradero.

Además de las interrogantes financieras, hay otras de carácter político y social relacionadas con los depositantes y acreedores del Banco y la inconveniencia de trasladar la solución de fondo a administraciones subsiguientes, como se ha hecho con lo fiscal.

Lo que ha trascendido, de momento, son los hechos que condujeron a Bancrédito a castigar abruptamente sus utilidades para provisionar créditos malos por muchos millones de colones. De acuerdo con la normativa vigente, los bancos comerciales, públicos y privados, deben ser suficientemente “rentables” para continuar el negocio de intermediación y crecer conforme se expande la economía, sin afectar a los depositantes y acreedores ni al sistema financiero como un todo.

En el caso de los bancos públicos, obtener y retener utilidades es fundamental, dada la poca capacidad de Hacienda para capitalizarlos o recapitalizarlos, como se exige a los bancos privados con baja rentabilidad, según la normativa. Si a lo largo de un año, en seis meses consecutivos o no, el banco reporta pérdidas, entra en grado de irregularidad 2 y debe presentar un plan para salir de él en un plazo prudencial, pero relativamente corto. Ya la Sugef le comunicó a Bancrédito que debe presentar un segundo plan (el primero fue rechazado por insuficiente), aprobado por la Junta Directiva pero, hasta el momento, no han trascendido todos los detalles y los pocos que se conocen parecen simples paliativos y no reformas de fondo.

El primero es vender activos –varias sucursales y el emblemático edificio frente al parque Central– para obtener liquidez. Pero ¿qué hará con los recursos una vez liquidados los activos: aumentar sus operaciones crediticias para obtener más rentabilidad o financiar las prestaciones de ley para adelgazar su frondosa burocracia?

Otra de las medidas anunciadas es “empeñar” ante el Banco Nacional los ingresos futuros por la venta de servicios relacionados con los impuestos de salida y reflejar utilidades (descontadas a valor presente) para evitar la norma fatal de seis meses en un período consecutivo de doce meses de faltantes presupuestarios. Aunque esa opción es válida legal y contablemente, tiene el inconveniente de usar recursos futuros que, después, le harán mucha falta para regularizar utilidades.

Igualmente dubitativo es el plan de salvamento aparentemente negociado con el Banco Nacional, por el cual recibiría un pago inicial hasta por ¢1.500 millones. ¿Y el resto? ¿Hasta dónde compromete las finanzas del Banco Nacional? ¿Se aplicará el viejo refrán de desvestir a un santo para vestir otro? En este caso, sin embargo, ninguno de los dos bancos es “santo” pues el Nacional ha tenido sus propios problemas, algunos muy cuantiosos, como para meterse a redentor. Más pareciera que la alta gerencia y su Junta Directiva están tratando de congraciarse con el poder Ejecutivo, empeñado en evitar la intervención y quiebra de Bancrédito a como dé lugar. Y esto nos conduce a formular algunas consideraciones políticas.

El presidente Luis Guillermo Solís declaró a este diario que Bancrédito puede ser salvado, pero no aportó ningún criterio técnico de cómo hacerlo ni habló de las consecuencias económicas y sociales. Evidentemente, no desea que en lo poco que resta de su administración se produzca un desenlace de quiebra o intervención. Pero tampoco está dispuesto a pedirle a su ministro de Hacienda, Helio Fallas, que prepare un presupuesto extraordinario para recapitalizar el Banco ni se atreve a considerar la privatización mediante un proyecto de ley para que el sector privado nacional o extranjero lo recapitalice y ponga a trabajar más eficientemente.

Nuestra clase política y las entidades reguladoras han fallado lastimosamente en muchos aspectos de la banca nacionalizada. Abusaron de ella imponiéndole cargas que no tienen otros bancos del mundo, cuyo efecto principal ha sido encarecer el margen de intermediación financiera (uno de los más altos internacionalmente) y afectar las tasas de interés, en detrimento de la producción nacional y la competitividad; llenaron de burocracia a los bancos públicos y, ahora, deben trasladar su costo a los servicios al público, encareciéndolos. Tampoco han sabido definir, o redefinir, el papel de la banca pública en la economía moderna. ¿Pretende, acaso, Bancrédito asumir las funciones de un segundo y redundante banco de desarrollo?

Este gobierno, al igual que otros anteriores, recibió una banca comercial altamente distorsionada y relativamente ineficiente, y la entregará tal cual. En vez de presentar una reforma estructural de fondo, incluidas algunas posibilidades de privatización como las de Bicsa y Bancrédito, se satisface con impulsar la bola hacia delante, como los demás. De momento, los depósitos del público en Bancrédito no han mermado, pero las circunstancias podrían variar. Ni las autoridades ni Bancrédito tienen tanto tiempo disponible, como pretenden, para arreglar la situación.