EscucharEl conflicto fronterizo con Nicaragua es, en Costa Rica, fundamentalmente un problema de las relaciones exteriores. No puede decirse lo mismo del país vecino, donde el asunto pertenece a la esfera de la política interna. La distinción es importante para comprender las desorbitadas pretensiones de Managua, ahora extendidas a un supuesto derecho a la libre navegación en el río Colorado.
En Nicaragua, rinde frutos políticos alimentar las tensiones, acrecentarlas en el momento apropiado y competir con otras fuerzas electorales en el radicalismo de la posición frente a Costa Rica. La recompensa del electorado y la opinión pública a la falta de moderación entorpece el hallazgo de arreglos sensatos que están al alcance de ambos países, sin intervención de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, adonde han ido a parar las disputas.
Nicaragua nunca ha navegado el río Colorado como hoy lo exige. Las pretensiones expresadas por el presidente Daniel Ortega se fundan en dos extraños argumentos, ambos falseados en su lógica. El 90% del caudal del Colorado proviene de fuentes nicaraguenses, dice el mandatario. Como el agua sale de su país, Nicaragua tiene derecho a navegar sobre ella, internándose profundamente en el territorio nacional. Además, el Colorado empobrece el caudal del San Juan y lo hace menos navegable.
Esas son, desde luego, las condiciones naturales del territorio y sobre ellas se pactó el tratado fronterizo vigente. Nada ha variado. Por eso es también inadmisible el paralelismo pretendido por el mandatario entre la libre navegación del San Juan, consagrada para Costa Rica en el Tratado Cañas-Jerez, y el supuesto derecho reclamado ahora por el gobierno sandinista.
“Lo que estamos buscando es un punto de equilibrio, de justicia. Así como ellos se benefician del río San Juan, también nosotros podemos optar (por navegar el Colorado) con las mismas condiciones' las mismas facilidades y los mismos privilegios que tiene Costa Rica para navegar sobre nuestro río”, dijo Ortega en un discurso pronunciado hace dos años, cuando el enfrentamiento por la incursión nicaraguense en isla Calero estaba en su punto más álgido.
Ahora, el reclamo se materializó en la respuesta de Nicaragua a la demanda interpuesta por Costa Rica en La Haya para defender sus derechos sobre isla Calero. La gestión también comprende el reclamo de soberanía absoluta sobre un área junto a la desembocadura del río fronterizo, en la bahía de San Juan del Norte, donde los dos países comparten derechos.
El caso amerita la más diligente atención a los procedimientos en La Haya, pero lleva razón el canciller Enrique Castillo cuando enfatiza la necesidad de incrementar la seguridad en el terreno. El fortalecimiento de la vigilancia en la boca del Colorado y la regulación del paso según horarios preestablecidos son, según el funcionario, medidas cuya plena concreción ha tardado mucho, pero también está pendiente la conclusión de la polémica trocha fronteriza.
Los errores cometidos en el proceso constructivo de la vía paralela al San Juan, y aun los abusos investigados por el Ministerio Público, no deben relegar al olvido los motivos invocados para emprender la apertura del camino. No debe Costa Rica caer en el error de entender como problema exclusivo de la política interna un asunto con tantas implicaciones para las relaciones exteriores y la defensa de la soberanía nacional.
Las consecuencias políticas, penales y civiles de las anomalías cometidas en la trocha deben quedar bien establecidas. Las sanciones deben ser impuestas con todo rigor. Para eso el país cuenta con las instituciones necesarias, pero la necesidad del camino es un tema totalmente distinto. Hace bien la presidenta de la República en perseverar en pos de la terminación de la ruta, no obstante su alto costo político para la Administración.
