El Conassif se suma a las voces de alerta del movimiento cooperativo para pedir a los diputados el rechazo de las reformas propuestas

 13 febrero, 2016

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) se suma a las voces de alerta del movimiento cooperativo para pedir a los diputados el rechazo de las reformas a la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal dictaminadas afirmativamente por la Comisión de Economía Social Solidaria de la Asamblea Legislativa.

En consonancia con nuestro editorial del martes, el Conassif muestra preocupación por la eliminación de requisitos para los integrantes de la Junta Directiva y critica los efectos del proyecto sobre las sanas prácticas bancarias establecidas por el Comité de Basilea y “la prudente observancia del Conassif”, cimentada “en los principios de gobierno corporativo publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

La advertencia trasciende la salud futura del Banco Popular y se adentra en las consecuencias de su mala administración para la economía nacional. Entidades como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, dice el Conassif, son consideradas sistémicas “por cuanto, las repercusiones de una quiebra o deterioro patrimonial pueden alcanzar a todo el sistema financiero y perjudicar fuertemente (…) la actividad económica. Las entidades sistémicas son aquellas cuya quiebra genera riesgo de contagio, impactando al sistema financiero en su conjunto y dañando finalmente a la economía real, debido a su tamaño, interconexiones o dificultad para sustituir los servicios que prestan”.

En otras palabras, el proyecto pone en manos inexpertas, carentes de formación, así como en manos de posibles intereses creados en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, el destino de la entidad financiera y, también, la salud económica del país.

El criterio del Conassif no sorprende cuando se toma en cuenta la intención de eliminar requisitos académicos y de experiencia a quienes aspiren a cargos directivos en el banco, además de desnaturalizar importantes elementos del gobierno corporativo, incrementar la burocracia y los gastos e introducir oportunidades para el juego político. Quizá por eso el Conassif, la más alta autoridad supervisora del país, jamás fue consultado por los promotores del proyecto. Ese hecho, en sí mismo, basta para despertar graves dudas sobre la iniciativa.

Un criterio tan autorizado dimensiona la grave responsabilidad que asumirían los diputados si aprobaran la propuesta. Las advertencias del Conassif y los cooperativistas no pueden ser más claras. “Solicitamos de la manera más respetuosa a los señores diputados y (a las señoras) diputadas, realizar sus buenos oficios con el fin de que el proyecto de ley N.° 19.227 no sea aprobado en los términos indicados”, dice el Conassif. Por su parte, el Consejo Nacional de Cooperativas y el Directorio de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión resolvió solicitar a los diputados “oponerse de forma contundente” al plan.

La iniciativa de ley también hace dudar de la necesidad y propósitos de la comisión legislativa, hasta ahora fuente de importantes desaciertos. El país cuenta con entidades activas en la economía social, comenzando por la muy desarrollada estructura del cooperativismo y el solidarismo, donde el “apoyo” de la comisión no ha sido bien recibido.

Los cooperativistas también se oponen a un segundo producto de la comisión, la pretendida Ley Marco de la Economía Social Solidaria porque busca “suspender, suplantar y sustraer competencias de instituciones que actualmente las ejercen eficientemente”. En apoyo de su tesis, Conacoop cita el criterio de la Procuraduría General de la República y denuncia la intención de “formar una superestructura burocrática que sustituye las estructuras formales existentes en las organizaciones sociales, como por ejemplo las cooperativas, con intereses poco claros, duplicando funciones y dejando abierta la posibilidad del manoseo político a favor de unos pocos”.