La carretera al megapuerto se licitó y adjudicó sin ‘conexión funcional’, lo cual cuesta ¢10.000 millones y transgrede la legalidad, pero no pasa nada

 7 julio

El gobierno introdujo datos erróneos en la contratación de la vía entre la carretera a Limón y el megapuerto de Moín. Luego, adjudicó la obra al concursante más caro. Para hacerlo, descalificó a un competidor porque su oferta se apegaba a la realidad y no al cartel falseado. La empresa descalificada no sabía que el trazado erróneo se publicó adrede y decidió, de buena fe, corregirlo y sugerir una solución para aprovechar los permisos ambientales ya concedidos.

La licitación la perdió quien ofreció corregir el error para hacer la obra verdaderamente necesaria a menor precio. En consecuencia, la vía se encareció en unos ¢10.000 millones. En Costa Rica, la indiferencia permite licitar con datos erróneos, adjudicar el concurso al oferente más caro, siempre que su oferta no deje la treta al descubierto, y financiar la gracia con un chorro de recursos públicos. Nada pasa.

El gobierno confirma los hechos, pero los justifica porque la corrección del error para que la vía desembocara en la entrada al megapuerto, único lugar donde es útil, habría implicado nuevos permisos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Es decir, los más altos niveles de la Administración Pública alegan temor a la burocracia. Sin embargo, nada pasa.

La carcajada no podría ser más sonora, pero su estruendo no debe hacernos olvidar que la corrección sugerida por el licitante perdedor también procuraba evitar nuevos trámites y, al final, se procuró una salida casi idéntica: utilizar terrenos de la concesionaria del puerto comprendidos en los permisos ambientales ya existentes. Siempre fue necesario pedir una nueva autorización, que fue concedida en ocho días. A la luz de esos hechos, las explicaciones del gobierno flaquean, pero nada pasa.

Según las explicaciones oficiales, “el gobierno se vio obligado a sacar una licitación con un punto de conexión provisional porque era el que tenía los permisos y estaba apegado a la legalidad”. La afirmación es inaceptable. Nunca hubo un punto de conexión provisional. Siempre se supo que era, más bien, falso. Nunca existió la intención de conectar “provisionalmente” la vía con un área del megapuerto donde no está la entrada, lo cual sería absurdo. Por otro lado, la explicación implica la intención del gobierno de evadir los controles ambientales. Pero nada pasa.

Para dar alguna potabilidad a la explicación, el gobierno añadió el argumento de urgencia: si la obra no está lista en enero del 2018, el país perderá $1.000 millones a lo largo de los 30 años de la concesión, producto del descuento de $20 por contenedor convenido con el concesionario.

Ahora, los documentos presentados a la Contraloría General de la República por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) contradicen la explicación oficial, con todo y sus debilidades. Para comenzar, en ninguna parte se habla de un punto de conexión provisional y queda claro que el acceso al puerto fue definido desde diciembre del 2013. Las autoridades supieron que la vía no llegaría a ese lugar cuando menos desde abril del 2015. Sin embargo, el concurso se publicó en febrero del 2016, diez meses más tarde. El problema no fue corregido, aunque se discutió la posibilidad de hacerlo, porque el entonces viceministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio González Quesada se lo pidió expresamente a la gerenta de la unidad ejecutora de la obra.

En la carta de González “se ordena continuar con los procesos licitatorios asociados con la contratación directa, sin incluir los cambios requeridos para obtener una conexión funcional desde el inicio del procedimiento”, explicó a la Contraloría el nuevo ministro de Obras Públicas, German Valverde, cuando todavía fungía como director ejecutivo del Conavi. La carretera se licitó y adjudicó sin “conexión funcional”, lo cual cuesta ¢10.000 millones y transgrede la legalidad, pero no pasa nada.