En vez de recortar el gasto, el Poder Ejecutivo sometió a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto ordinario altamente deficitario para el 2015

 16 marzo, 2015

El gobierno no ha hecho suficientes méritos fiscales para solicitar la aprobación de nuevos impuestos. Por esa razón, la Asamblea Legislativa no debe aprobarlos, al menos por ahora. Se requiere, previamente, legislar para sanear en profundidad las finanzas públicas y evitar la ocurrencia de situaciones como las que han generado la crisis actual.

Durante la campaña, el gobierno prometió reiteradamente no aprobar nuevos impuestos durante los dos primeros años de administración, bajo la premisa de que, antes, correspondía hacer un esfuerzo sustancial para disminuir el gasto y demostrar al país que sí se podían cambiar las cosas. La promesa, hasta ahora incumplida, debe respetarse, pues fue una de las razones por las que el electorado apoyó al mandatario.

En vez de recortar el gasto, el Poder Ejecutivo sometió a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto ordinario altamente deficitario para el 2015, haciendo caso omiso de la comprometida realidad fiscal y de los planteamientos de las distintas fracciones legislativas, incluidos algunos de sus propios diputados. También actuó a contrapelo de lo recomendado por representantes de los sectores productivos y las entidades técnicas como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El presupuesto vigente se aprobó, en circunstancias muy cuestionadas, por ¢7,9 billones, con un incremento del 19% frente al del año anterior y con un déficit financiero de un 6,7% del PIB, además de aumentos desproporcionados en las transferencias a las universidades públicas (13%) para continuar elevando los jugosos salarios que devengan sus profesores y empleados administrativos. Por otra parte, quedan intactos todos los disparadores del gasto, especialmente los abusivos pluses incorporados a los diversos regímenes salariales de numerosos funcionarios públicos. Esa diferenciación salarial, que no disfrutan sus homólogos del sector productivo privado y muchas capas del sector público, es una de las causas de la mala distribución del ingreso en Costa Rica, que también el gobierno se había comprometido a combatir.

La actual administración no hizo una buena lectura de la realidad política costarricense antes de presentar los proyectos de reforma tributaria. Ninguno de los diputados de oposición tiene tan flaca memoria, y se han encargado de recordarle las promesas incumplidas. Según reportamos la semana anterior, advirtieron que objetan la propuesta del Ejecutivo por distintas razones (que oportunamente comentaremos en detalle) y consideran que, previo al debate de planes tributarios, la administración debe plantear acciones decisivas de ahorro y austeridad en el gasto público. El diputado liberacionista Antonio Álvarez Desanti aseveró que quieren ver al gobierno haciendo sacrifico en materia de gasto público y preocupado por regular las áreas en las que el gasto se dispara. Rafael Ortiz, jefe de la fracción socialcristiana, agregó que, antes de aprobar nuevos gravámenes, se debe buscar ahorro y eficiencia en el uso de los recursos. Otto Guevara, del Movimiento Libertario, insiste en aprobar una ley de responsabilidad fiscal para limitar el gasto estatal y el endeudamiento público. Todos tienen razón.

Aprobar una ley de responsabilidad fiscal sería deseable antes de incrementar la carga tributaria. A la Asamblea le corresponde garantizar que los eventuales ingresos adicionales no se destinarán, como hasta ahora, a mantener o incrementar privilegios y gollerías salariales, asesorías cuestionables o innecesarias, propaganda oficial, viajes al exterior –el presidente debería dar el ejemplo– y tantas otras partidas presupuestarias señaladas con mucha propiedad durante la tramitación del presupuesto nacional. Pero no se trata de obtener simples promesas, como las formuladas en campaña. Los recortes deben ampararse legalmente y asumir carácter permanente, pues, de lo contrario, volverían a ignorarse en ejercicios fiscales subsiguientes para pronto a caer en los mismos vicios.

Dada la inveterada costumbre gubernamental de disparar el gasto, resulta indispensable legislar de manera cuidadosa para imponer límites cuantitativos, asegurar el equilibrio macroeconómico, garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria y, también, el poder adquisitivo de los asalariados. Deben establecerse limitaciones globales al crecimiento nominal del presupuesto ordinario, incluyendo, desde luego, presupuestos extraordinarios, para evitar violaciones por esa vía. Y, dentro de los límites al gasto, debe privilegiarse la inversión sobre las erogaciones corrientes, establecer controles al crecimiento de los salarios de los empleados públicos y racionalizar el régimen de remuneraciones en todo el sector estatal.

De igual manera, deben establecerse límites al déficit presupuestario como porcentaje del PIB, con sublímites al déficit primario y secundario para garantizar la sostenibilidad de los pagos de principal e intereses de la deuda interna y externa y, también, al crecimiento de la deuda soberana para asegurar la viabilidad de los pagos futuros de principal e intereses. Finalmente, deben establecerse sanciones a los funcionarios que presenten o aprueben gastos por encima de los límites establecidos pues, de lo contrario, se harían nugatorios.

Todas estas reformas involucran elementos técnicos bastante complejos. La Asamblea Legislativa debería integrar una comisión especial de congresistas versados en el tema fiscal, asistidos por expertos en las materias involucradas, para recomendar al plenario las reformas necesarias, incluyendo, si fuera del caso, modificaciones al capítulo de Hacienda Pública en la Constitución Política.

Así se harían más fáciles, en el futuro, las reformas a la legislación tributaria.

***Por un error técnico involuntario, este editorial fue publicado ayer en el sitio web de La Nación y circuló durante parte del día. Apenas se detectó el fallo se hizo la corrección respectiva.