Una calculada negociación política entre la fracción del gobierno, el PLN y el FA podría dar al traste con el contenido del proyecto para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público

 28 noviembre, 2016

Una calculada negociación política entre la fracción legislativa del gobierno y las de los partidos Liberación Nacional y Frente Amplio podría dar al traste con el contenido del proyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público (N.° 19.506), presentado originalmente por la diputada Sandra Piszk. Significa un retroceso en el proceso de reforma fiscal, con lamentables consecuencias edificativas y para la estabilidad de las finanzas públicas.

En la negociación participaron directamente Henry Mora, del PAC, y Carlos Arguedas, del PLN, y, entre bambalinas, Albino Vargas, dirigente de la ANEP y vocero de Patria Justa y el Bloque Unitario Social y Sindical Costarricense (Bussco), amparados por el diputado Víctor Morales Zapata, también del PAC. Todos ellos se caracterizan por su visión estatista, contraria a la economía de mercado. El caso de la fracción del PLN es distinto; prevaleció, más bien, la expectativa de llegar al poder y no encontrar las arcas vacías. Ese cálculo político, sin embargo, se aparta de los intereses del país y del compromiso con los demás partidos de oposición de no aprobar nuevos impuestos sin antes garantizar una reducción sostenible de los gastos, en especial de la planilla del Estado.

Según trascendió, al proyecto N.° 19.506 se le extirparon tantas disposiciones sustantivas que, prácticamente, lo dejaron con el mero cascaron, vacío por dentro. El propósito era doble: poder decir que algo estaban haciendo en ese complejo campo para justificar la aprobación de nuevos impuestos y, a la vez, congraciarse con los sindicatos para evitar las huelgas y manifestaciones por ellos anunciadas, con evidente cálculo político.

Como reportamos la semana pasada, el nuevo texto acogido por la Comisión de Asuntos Sociales como base de discusión excluyó todo el capítulo de las reformas a las convenciones colectivas que contemplaba el expediente original (capítulo III). La exclusión es muy decepcionante porque existen, en la actualidad, 25 instituciones autónomas con convenciones colectivas que seguirían reinando sin ninguna racionalización, y porque es en las convenciones colectivas del sector descentralizado donde se registran las mayores prebendas y pluses salariales.

Además de lo anterior, se extendió la vigencia de la dedicación exclusiva a los servidores, establecida en un año solamente según el proyecto original (art. 10), a cinco años, lo cual aleja las posibilidades de recuperar algunos recursos a corto plazo. También se elevó el porcentaje de disponibilidad sobre el salario de los funcionarios a un 30%, como máximo, cuando el proyecto original solo establecía un 15% (art. 11). En lenguaje popular, se le echó demasiada agua a la sopa.

Lo más decepcionante es que el acuerdo político ignora todo el trabajo técnico y jurídico recogido por la diputada Sandra Piszk –irónicamente de la misma bancada que fraguó el acuerdo– y el documento Estado de Situación en Materia de Salarios y Remuneraciones del Sector Público Costarricense, elaborado durante la administración Chinchilla Miranda. En ese documento se aclara que los pluses y otras retribuciones se han generalizado a todos los funcionarios “perdiendo el carácter de incentivo y convirtiéndose en un beneficio automático desligado del desempeño y productividad”, y agrega que el sistema de remuneración se ha vuelto “ineficiente y altamente costoso para la sociedad costarricense”. Ese documento recogía con precisión el problema del empleo público que ignora la nueva redacción acordada.

Es más, la Contraloría General de la República (CGR) identificó “disparidades salariales irrazonables y desproporcionadas” en la actualidad que, según sus análisis, oscilan entre el 225% hasta el 614% del salario total reconocido para algunos funcionarios públicos (DFOE-PGAA-IF-65-2009), en contra de la igualdad para todos los funcionarios públicos establecida en el artículo 191 de la Constitución Política.

En suma, la negociación entre las fracciones legislativas antes mencionadas ignora la realidad salarial de los servidores públicos contraria a los principios legales de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad que deben primar entre todos los servidores, y los de carácter económico sobre eficiencia, productividad e incentivos para la superación personal y mejoría de los servicios públicos. Por ende, el nuevo proyecto negociado por las fracciones del PLN, PAC y FA debe ser rechazado y sustituido por el original.