En todo el 2014, la Policía ejecutó 42 operativos contra las carreras ilegales de vehículos. Solo en el último mes y medio, las acciones llegan a 45

 31 marzo, 2015

Poco antes de la medianoche del lunes 23 de marzo, un vehículo sin control colisionó contra un árbol en las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica. Un joven perdió la vida y otros dos resultaron heridos. Según la Policía de Tránsito, los muchachos competían con otro auto. Las marcas de frenado y el estado del automóvil dejan pocas dudas sobre el exceso de velocidad.

Las frecuentes tragedias causadas por las carreras ilegales, o “piques”, los constituyen en una grave amenaza para la seguridad ciudadana y fuente de profundo dolor para las familias costarricenses. El Estado debe responder con energía pero, desafortunadamente, dejó de hacerlo el año pasado. Las consecuencias no se hicieron esperar y pasará un tiempo antes de que los renovados bríos de la acción policial surtan plenos efectos. La clave es la constancia, y el año perdido ya ha costado demasiado caro en términos de vidas y zozobra.

En todo el 2014, la Policía ejecutó 42 operativos contra las carreras ilegales de vehículos. Solo en el último mes y medio, las acciones llegan a 45. En el 2014, los partes por diversas violaciones de la ley de tránsito relacionados con los piques alcanzaron el número de 1.929. Los últimos 45 días de acción policial ya produjeron 1.000.

Los datos acreditan tanto la indiferencia oficial a lo largo del año pasado como la presente renovación del empeño para liberar a la sociedad de la amenaza. Los efectos de la nueva actitud de las autoridades se reflejan en las calles. Las carreras son menos frecuentes para alivio de los vecinos y seguridad de los transeúntes. Es importante no ceder.

En el 2013, el Poder Judicial procesó a 346 personas por conducción temeraria y los fiscales lograron condenas en el 68% de los juicios, es decir, hubo sanción en unos 235 casos. La estadística no es reciente y no sabemos cuántas de esas condenas son consecuencia de la participación en piques, pero también el Ministerio Público y los tribunales deben esforzarse por corresponder al esfuerzo desplegado en la actualidad por las autoridades, no solo de Tránsito, sino también de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial.

No hace mucho, La Nación dio cuenta de los temores de los oficiales de tránsito a la hora de enfrentar a los picones, que se congregan en grandes grupos, en muchas ocasiones convocados mediante las redes sociales y otros recursos tecnológicos. No pocas veces han demostrado inclinación a resistirse a las órdenes de la autoridad. Por eso, y por la necesidad de conducir los operativos sobre la base de inteligencia bien recabada, es importante la participación de los otros dos cuerpos policiales en apoyo de la Policía de Tránsito.

La noche del 19 de marzo, durante un operativo en Cartago, el oficial Edwin Navarro Jiménez fue atropellado por motociclistas que, simplemente, no se detuvieron al advertir su presencia. Por fortuna, fue dado de alta horas después en el Hospital Max Peralta, pero las circunstancias del incidente hablan con elocuencia sobre los riesgos y la necesidad de apoyar a la Policía de Tránsito.

El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, explicó que la labor ya no se limita a impedir la conducción temeraria. Los agentes piden papeles de los autos, verifican antecedentes y examinan el cumplimiento de otros aspectos de la ley, incluso por parte de quienes se congregan para observar las competencias ilícitas.

Las convocatorias al público y participantes en el ilícito pueden ser detectadas con antelación y la Policía tiene identificados 17 puntos de la Gran Área Metropolitana donde se hacen carreras, entre ellos Pavas, barrio Tournón, Curridabat y La Lima en Paraíso de Cartago. Para esas y las demás comunidades afectadas, los piques son un infierno de ruido a altas horas de la noche y un peligro constante. Ninguna de ellas dejará de estar agradecida con las autoridades mientras mantengan la voluntad de cumplir con su deber.

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