La violencia no tiene cabida en nuestra nación democrática. El matonismo se nutre del miedo y todos debemos poner de nuestra parte para no alimentarlo

 10 septiembre, 2015

Fabio Chaves, dirigente sindical del Instituto Costarricense de Electricidad, no conseguirá callarnos. Es preciso decirlo así, de entrada, para que no albergue ilusiones de conseguir resultados mediante la intimidación. Seguiremos informando, ahora con más entusiasmo, de los temas que el sindicalista procura eliminar de la discusión pública.

La violencia, retórica o material, no tiene cabida en nuestra nación democrática. El matonismo se nutre del miedo y todos debemos poner de nuestra parte para no alimentarlo, so pena de renunciar a los más altos valores de la nacionalidad costarricense y arriesgar el tránsito hacia la convulsa y triste realidad de naciones hermanas, como Venezuela.

Eso le ofrece el señor Chaves a Costa Rica cuando advierte, ya no a la prensa, sino a la sociedad, sobre “lo que puede pasar” si no complacemos, con docilidad y en silencio, sus exigencias exorbitadas. No hay de que preocuparse. Las amenazas chocan contra la fortaleza de las convicciones cívicas y morales de un pueblo ejemplar. A ese pueblo, don Fabio lo quiere desinformado. Teme a la reacción suscitada por el conocimiento de los excesos salariales y otros beneficios acumulados a lo largo de los años por algunos sectores de la administración pública, especialmente en las instituciones descentralizadas.

La campaña para impedir la divulgación de los datos comenzó antes de las amenazas del sindicalista. El recurso a la intimidación es un segundo esfuerzo desesperado, pero ya los intereses protegidos por el dirigente lograron un éxito momentáneo, hace pocas semanas, cuando convencieron a la Caja Costarricense de Seguro Social de dejar de suministrar información de salarios públicos.

La Sala Constitucional había confirmado el derecho de los costarricenses a conocer esos datos en ejercicio del libre acceso a la información sobre asuntos públicos. Así se consiguió conocer la realidad de las planillas y las serias distorsiones salariales existentes en las instituciones descentralizadas. La reacción no se hizo esperar y los interesados en impedir el conocimiento de los datos plantearon acciones legales para cobijarlos, de nuevo, con el secreto.

La Caja no esperó el resultado de esas gestiones y, no obstante la vigencia de la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la publicidad de los salarios, se rehusó a suministrar nuevos datos. Esperamos, por bien del país, un resolución de los magistrados favorable al derecho de los costarricenses a conocer el destino que se les da a sus impuestos.

Por lo pronto, la arbitrariedad de la Caja cerró el flujo de información, pero no hizo mella en nuestro ánimo de informar y lo hemos seguido haciendo con los datos disponibles. También defenderemos el derecho a acceder a la información indispensable para dar sentido a la discusión nacional sobre los grandes disparadores del gasto público y sus efectos sobre las deterioradas finanzas nacionales.

Cabe señalar, sin embargo, una falacia monumental contenida en las declaraciones del sindicalista. Las informaciones, insiste, afectan al “sector público” y a los “empleados públicos”. No es así. Hemos informado sobre los privilegios en las instituciones descentralizadas, que crean groseras diferencias con la realidad del resto de los trabajadores, no solo del sector privado, sino también del Gobierno, particularmente de la administración central.

Los recursos se canalizan hacia importantes sectores de la administración descentralizada mientras, en el resto del Gobierno, los salarios son comparativamente modestos. Cuando se ha intentado mejorarlos, los grupos interesados en acallar la verdad se han aprovechado, mediante las leyes de “enganche” –-tardíamente denunciadas por otros sectores sindicales, pero mejor tarde que nunca– para ampliar sus beneficios.

Así, algunos sindicatos deprimen los salarios de buena parte del sector público, porque aumentarlos implica un incremento desmedido e impagable del gasto. El estado actual de las finanzas públicas exige análisis detenido y rectificación, sin irrespetar derechos adquiridos, pero sin hipotecar el futuro de Costa Rica. Por eso, seguiremos informando.