La oportuna inversión de ¢2.550.000 habría evitado el pago de ¢7.000 millones para resarcir a los afectados por la inundación de terrenos en la zona norte

 2 julio, 2015

En 1998, hace ya 17 años, un finquero de Los Chiles desvió el río Buenavista para secar sus tierras y ganar espacio productivo. El drenaje de 800 metros de largo por dos de ancho y 1,5 de profundidad inundó los terrenos aledaños al punto de hacerlos intransitables si no es con una lancha.

Los afectados perdieron 1.800 hectáreas, ahora convertidas en un humedal. El daño es irreparable y los terrenos afectados solo tienen aptitud para extender el refugio natural de Caño Negro. El responsable de la inundación fue multado con ¢100.000 en el 2001, pero ahora el Estado se prepara para desembolsar ¢7.000 millones para resarcir a los afectados, según lo informamos en nuestra edición del martes 16 de junio.

La desproporción entre la multa y el daño causado es asombrosa, pero sorprende más el modesto costo de la reparación ordenada en su momento por la autoridad judicial al Ministerio de Ambiente. La oportuna inversión de ¢2.550.000 habría evitado los apuros que hoy los diputados intentan resolver mediante presupuestos extraordinarios. También habría ahorrado años de angustia a los propietarios, que dependían de las tierras para ganarse el sustento y no han podido aprovecharlas a lo largo de tantos años.

El juzgado no ordenó al Minae hacer la reparación por su cuenta, sino a cargo del responsable de la inundación. Así, el dinero invertido se habría recuperado, el Estado no habría perdido un céntimo, los vecinos habrían vuelto a gozar de sus terrenos y el causante de los daños habría pagado lo justo, amén de los ¢100.000 de multa.

Nada de eso fue posible porque el Minae no actuó con la mínima diligencia requerida para cumplir la orden judicial. Los funcionarios del Ministerio dicen haber intentado la reparación en dos ocasiones, la primera el año siguiente al dictado de la sentencia y, la segunda, en el 2004, tres años después de recibida la orden judicial, pero en ningún caso contaron con los fondos necesarios.

Lo sucedido es inexplicable. Conociendo a la Administración Pública, es difícil creer que nunca hubo fondos disponibles. En el tiempo transcurrido entre el dictado de la sentencia y el momento en que los terrenos ya no podían ser recuperados, es segura la existencia de gastos menos urgentes en un Ministerio cuyo presupuesto supera, este año, los ¢42.000 millones.

Algún viaje al exterior, alguna asesoría o seminario, casi seguramente exigieron recursos iguales o superiores a los necesarios para evitar el sufrimiento de más de cincuenta familias y las altísimas erogaciones que ahora deberá hacer el Estado, sea por arreglo directo con los afectados o como consecuencia de un proceso contencioso administrativo.

La orden judicial del 2001 es clara y la negligencia del Minae esta documentada. La confiesa el actual ministro, Edgar Gutiérrez, y la confirman los escritos presentados al juez por los funcionarios de las últimas administraciones. “Hubo inacción del Ministerio de Ambiente. Es culpa de las autoridades. Ese es el gran problema: la inactividad y la complacencia”, afirma Gutiérrez.

El cumplimiento de la orden judicial era responsabilidad del Minae y al causante de la inundación le correspondía resarcirle al Estado el costo de la reparación, además de pagar la multa. El caso es claro, como también la imposibilidad de restaurar las tierras para uso agrícola.

El caso ejemplifica la indiferencia estatal, fuente de quejas y motivo de distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones. Para las cincuenta familias afectadas, el Estado es irrelevante porque no se hizo presente cuando lo necesitaron. Algunas no creen siquiera en la posibilidad de recibir resarcimiento y todas, como el resto de la sociedad, son testigos de la abundancia de fondos para fines menos urgentes y, desde luego, de la falta de responsables en este y otros casos de imperdonable negligencia estatal.