La elección del Directorio legislativo, la conformación de las comisiones y la recién encontrada armonía entre el gobierno y el principal partido de oposición suscitan preocupación

 24 mayo

Los partidos Acción Ciudadana y Liberación Nacional se repartieron las presidencias de las comisiones legislativas, apoyándose mutuamente con el voto. También se aseguraron mayorías en las comisiones clave, designadas por el presidente del Directorio, cuya elección fue obra del apoyo verdiblanco y una curiosa maniobra de un sector del Frente Amplio.

La Comisión de Asuntos Hacendarios quedó integrada por diputados favorables al aumento de impuestos. En la de Comisión de Ingreso y Gasto Público se fortaleció la presencia de legisladores menos beligerantes en cuanto al control político. Mario Redondo y Rosibel Ramos, persistentes defensores de recortar el gasto como condición para elevar impuestos, ya no están en Hacendarios. Ottón Solís y Epsy Campbell, partidarios de la austeridad y el control político, ya no están en Ingreso y Gasto Público.

Para explicar los nombramientos, Gonzalo Ramírez, presidente del Congreso, da, sin inmutarse, razones contradictorias. Según dice, nombró a Víctor Morales Zapata en la Comisión de Ingreso y Gasto Público porque así lo decidió el PAC, pero designó a Jorge Rodríguez en Asuntos Hacendarios aunque la fracción socialcristiana pidió lo contrario.

Campbell dejó la Comisión de Ingreso y Gasto Público molesta por la remoción de Ottón Solís y convencida de que su partido debe hacer control político sin importar quién gobierna. En la fracción, dice la diputada, existe la errónea tesis de asignar esa labor a la oposición. Según Solís, la nueva conformación del órgano lo transformará en comisión del perdón de los errores y no de control.

En Hacendarios, los liberacionistas esperan obtener dictámenes favorables al aumento de tributos antes del cambio de gobierno y Javier Cambronero, jefe de fracción del PAC, vaticinó la aprobación de las reformas a los impuestos de ventas y renta gracias a la aproximación con los liberacionistas.

Unos y otros hablan de hacer, al mismo tiempo, una reforma al empleo público. Es demasiado tarde para abandonar ese discurso. Ni la razón ni las posiciones asumidas en los últimos años lo permiten. El país necesita más ingresos tributarios, pero, también, debe hacer un esfuerzo por eliminar gastos y privilegios de una burocracia voraz e insostenible. Sin embargo, la reforma anunciada por Cambronero está lejos de cumplir el objetivo. Es un proyecto limitado a replantear las anualidades. Para eso no hace falta una ley. Basta algo de voluntad política.

Con su dicho, el jefe de la fracción gobiernista demuestra comprender el peligro de seguir por la senda del desequilibrio fiscal. “El país debe avanzar a una reforma integral porque, si no, la gente va a pagar por la vía de la inflación”. También pasarán la factura el desempleo, las tasas de interés y el deterioro de los servicios públicos, entre otros factores. Pero la reforma “integral” pregonada por el legislador consiste, exclusivamente, en elevar los impuestos y hacer un gesto insustancial de reforma al empleo público.

Para concretar esa agenda, Cambronero cuenta con Liberación Nacional. La colaboración solo será posible si los liberacionistas abandonan las posiciones sostenidas hasta ahora para conformarse con meros gestos en materia de gasto. El examen cuidadoso de los proyectos de ley dará la respuesta.

La elección del Directorio legislativo, la conformación de las comisiones y la recién encontrada armonía entre el gobierno y el principal partido de oposición suscitan preocupación. El país no debe seguir posponiendo la reforma “integral” hasta donde pueda lograrla. Solo los hechos de los próximos meses podrán disipar las inquietudes.