El presidente de la República, José María Figueres, tuvo que viajar a Limón, en la madrugada del miércoles pasado, con un contingente de la fuerza pública a fin de que se reanudaran las tareas de carga y descarga en los muelles, suspendidas por los dirigentes sindicales.
Gracias a la intervención presidencial, la huelga abortó y se le ahorró al país una pérdida muy elevada. Sobre este punto caben dos observaciones: primeramente, no se compagina con un régimen de derecho que el propio Presidente de la República tenga que sacrificar su tiempo para dirigir una acción de esta naturaleza, restablecer el derecho y salvaguardar los intereses de los exportadores y de la economía nacional. Lamentablemente, los dirigentes sindicales han convertido el derecho a la huelga, amparado por la Constitución Política, en un instrumento de violencia al que recurren por cualquier bagatela y hasta ficción, generalmente para afianzar sus posiciones y sus privilegios, sin tener en cuenta el procedimiento legal establecido. Este abuso obliga, entonces, al Presidente de la República a intervenir personalmente para evitar males mayores. Téngase en cuenta que, no obstante este esfuerzo oficial, se perdieron 38.000 cajas de banano y otros bienes de exportación, y no se pudo atender a 650 turistas que viajaban en un crucero. Según cálculos preliminares, esta gracejada sindical le costó al país más de 75 millones de colones.
En segundo lugar, debe señalarse que las demandas sindicales, objeto de esta paralización de actividades, versaban sobre el incumplimiento de la convención colectiva negociada y aprobada, hace 18 meses, con las autoridades de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Este no es motivo para quebrantar el ordenamiento jurídico ni para producirle tan altas pérdidas a las empresas y a la economía nacional, máxime si se advierte que, en dicha convención, figuran irritantes granjerías como la pensión al cumplir el trabajador 55 años y haber acumulado solo 20 años de labor, amén de muchas otras que han afectado las finanzas de JAPDEVA y la eficiencia de las tareas de carga y descarga en los muelles.
Si, en verdad, estamos dispuestos a recoger los duros desafíos de la competencia y de la globalización, y a forjar una economía robusta, no solo deben extirparse numerosas distorsiones en el sistema económico y social del país, sino ponerles coto, de una vez por todas, al juego sindical en los muelles de Limón, al proteccionismo ejercido por algunas empresas en beneficio de determinados dirigentes y a la ineficiencia acumulada en las labores de carga y descarga, en menoscabo de interés nacional, todo agravado por una infraestructura portuaria arcaica e ineficiente.
No es justo que el pueblo de Costa Rica pague estos abusos. No es sensato que las labores en los muelles, vitales para la economía, dependan del humor o del interés de unos cuantos dirigentes. No es conveniente que tantos abusos siempre sean amparados por la impunidad. No es correcto que los viejos problemas de Limón sirvan de pretexto para violentar las leyes. No es razonable que JAPDEVA no sea sometida a una profunda acción de cirugía mayor.