EscucharPara verdades, el tiempo, reza el socorrido refrán. El debate sobre los excesos en la planilla del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se ha desarrollado a lo largo de los años, con frecuentes desmentidos de la entidad y feroces críticas de sus defensores, dirigidas a quienes osaban señalar el problema.
Lentamente, la institución comienza a reconocer la necesidad de ajustarse a la realidad financiera y económica del país. Hizo falta llegar a situaciones límite, con muchas pérdidas de camino, tanto en tiempo como en dinero. Es difícil aquilatar la presión existente sobre las finanzas de la empresa estatal porque, al amparo de la legislación dictada para fortalecerla, es poco dada a informar sobre esa materia de manera oportuna.
El reconocimiento de los excesos va implícito en hechos muy significativos, pero no tanto en el discurso oficial. El ICE anunció la adopción del salario global para sus nuevos empleados, la reducción del gasto en horas extraordinarias, la limitación de los sobresueldos y, ahora, el lanzamiento de un programa de movilidad laboral al cual podrían acogerse el 11% de los empleados.
El anuncio se produce después de los intentos de dedicar personal al desarrollo de infraestructura eléctrica en el extranjero, la construcción de obra pública en el país y la cuestionada supervisión de obras viales, todas iniciativas probablemente confrontadas con la legislación en vigor, sea en opinión de la Procuraduría, sea en criterio de la Contraloría General de la República.
El plan de movilidad ofrece entre cuatro y diez salarios adicionales a la cesantía, según la edad del empleado. Son elegibles quienes tengan al menos 57 años. La mayoría de ellos tienen derecho a 20 años de cesantía. Es decir, algunos saldrían con 30 salarios, unos dos años y medio de pago. Los hombres mayores de 62 años y las mujeres con más de 60 están excluidos por la proximidad de la jubilación. El ICE también se reserva la posibilidad de no autorizar la movilidad de empleados de importancia estratégica para el desarrollo de sus proyectos.
El ofrecimiento se justifica como necesario para evitar la insostenibilidad financiera, precisamente la razón esgrimida hasta ahora por los críticos del gasto. El ICE también pregona el propósito de incrementar la eficiencia. Si los 1.500 funcionarios con derecho se acogieran a la propuesta, la institución ahorraría ¢33.000 millones al año, unos ¢22 millones por colaborador, en promedio. La inversión necesaria para el pago de los incentivos ascendería a ¢18.000 millones y podría ser recuperada en unos seis meses, según cálculos del ICE.
En buena hora las medidas adoptadas. Su suficiencia deberá ser evaluada a corto plazo, cuando se sepa si la movilidad tuvo éxito, y en el mediano, cuando haya condiciones para sopesar la reducción del gasto por el resto de las medidas adoptadas, así como las nuevas condiciones financieras de la entidad. El tiempo no sobra en el caso de esta importantísima institución.
Pero es preciso abrir el debate, hacerlo explícito, más allá de cuanto revelan las últimas medidas adoptadas por la administración. Para alimentar la discusión, es necesario levantar restricciones sobre la información financiera, que no solo debe ser suficiente sino también oportuna.
La demanda energética crecerá y no siempre habrá un régimen de lluvias tan favorable como el de los últimos meses. La energía térmica utilizada para sustituir fuentes más limpias cuando no dan abasto es cara y contaminante. La discusión debe trascender al ICE para replantear los recursos y los medios dedicados a la generación eléctrica, ahora que la institución estatal está cerca de su límite de endeudamiento que, a junio, había alcanzado un 39% del valor de sus activos.
