Opinión

EDITORIAL

Otro modelo de transporte

Actualizado el 08 de octubre de 2015 a las 12:00 am

Mientras no cambie el sistema, de poco servirán algunas buenas iniciativas

Deben tomarse decisiones de gran calado en pro de los usuarios y el orden urbano

Opinión

Otro modelo de transporte

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

El sistema de transporte urbano de la Gran Área Metropolitana cada vez resulta más disfuncional. El modelo –si es que se le puede dar tal nombre— se caracteriza por su desarticulación, ineficiencia, efecto contaminante, y la falta de procedimientos totalmente objetivos y transparentes para la adjudicación de rutas, el control de calidad de los servicios y el análisis de los costos e ingresos de las empresas. Como resultado, no solo se ven afectados la mayoría de los usuarios, sino la sociedad como un todo.

En medio de este descalabro, se producen iniciativas interesantes y ocurrencias sin adecuado sustento. Las primeras generan simpatía y pueden incidir puntualmente en mejoras; las segundas, simplemente añaden a la confusión y quizá conduzcan a mayores descalabros o desperdicios. Ambas, sin embargo, ocurren en un virtual vacío de planes generales.

A la primera categoría pertenece la construcción de algunas ciclovías, particularmente en el centro urbano de San José, Hatillo 8 y Cartago, sobre las cuales informamos en nuestra edición del miércoles antepasado. Según comentó Roberto Guzmán, director del grupo de ciclistas conocido como Chepecletas, la última es la que ha tenido mayor impacto. Las razones son múltiples: da vuelta a la ciudad, y está mejor articulada, demarcada y protegida. En San José, el proyecto, que pretende conectar La Sabana con la Universidad de Costa Rica, tiene un limitado grado de avance; por ahora se reduce, casi en su totalidad, a una larga franja pintada de celeste sobre el bulevar peatonal de la avenida 4, lo cual implica riesgos tanto para los peatones como para los ciclistas. La de Hatillo, por su parte, está prácticamente en desuso.

Aunque los proyectos josefinos llegaran a buen término, la pregunta que surge es cómo podrán interactuar con el resto del caótico entramado de transporte urbano, para que no sean únicamente un guiño a los entusiastas, sino una verdadera opción para la amplia movilización de personas. Por ahora, no existen respuestas claras.

El principal ejemplo de una gran ocurrencia, a la que ya nos hemos referido editorialmente, fue el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y apoyado por algunos diputados, para “reforzar” al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) mediante el traslado de un 5% del impuesto a los combustibles, como paso previo para construir un tren eléctrico interurbano. Dichosamente, al final se descartó la posible transferencia automática de recursos. La idea de un tren “limpio” es digna de toda consideración, pero de poco valdrá si no forma parte de un esquema integrado y de un replanteamiento total de las rutas de autobuses. Además, lejos de amarrar la iniciativa a una institución en particular, su eventual desarrollo debe verse como un proyecto que se licite de manera abierta y transparente, ojalá con participación del sector privado.

A lo anterior se une otro factor que hemos comentado de sobra, pero que sigue pendiente y resulta clave: la imposición, no siempre por las vías más claras, de los intereses de quienes controlan una serie de rutas metropolitanas por sobre las necesidades de los usuarios. Debido a esta situación, que se ha convertido en un virtual poder de veto, se siguen readjudicando rutas sin procesos competitivos; se mantiene un esquema de depreciación en el costo de los autobuses que infla las tarifas y fomenta la especulación con su venta a los siete años; sigue sin aplicarse el pago electrónico, que permitiría el control exacto del número de usuarios, y se reconoce como costo la hipotética existencia de 0,8 choferes por cada autobús, algo que no existe en prácticamente ningún caso. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tiene el mandato legal, la orden de la Contraloría y la voluntad propia de aplicar criterios mejorados y más transparentes, pero hasta ahora, en alianza con el Consejo de Transporte Público, los autobuseros han logrado impedirlo.

Estamos, por todo lo anterior, ante un problema mucho más político, legal y administrativo que técnico. La complacencia se ha impuesto sobre el rigor; la inercia sobre las buenas iniciativas; el desorden sobre la planificación; la dispersión sobre la integración; y los intereses de unos pocos sobre los de la colectividad.

Las ciclovías siempre serán bienvenidas; ojalá proliferen. Pero la solución está en otra parte.

  • Comparta este artículo
Opinión

Otro modelo de transporte

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota