El Tribunal de Inspección Judicial examinará las actuaciones del jefe del Ministerio Público, Jorge Chavarría, en el caso del cemento chino

 19 septiembre

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, pidió al Tribunal de Inspección Judicial examinar las actuaciones del jefe del Ministerio Público, Jorge Chavarría, en el caso del cemento chino. La decisión responde a quejas recibidas del sindicato del Poder Judicial y del diputado Ottón Solís.

La semana antepasada, Chavarría dio a conocer una lista de casos relacionados con los escándalos del Banco de Costa Rica, no sin increpar a los “irresponsables” que, con sus críticas, le obligaron a revelar las investigaciones en curso. La intervención del jefe del Ministerio Público no fue satisfactoria. Si, en efecto, hubiera dado a conocer datos sensibles por presión de sus críticos, dejaría mucho que desear pero, en realidad, no reveló mayor cosa.

Por una parte, algunos casos mencionados por el fiscal habían culminado con desestimaciones y revivieron en los últimos días. Por otra, la lentitud de la Fiscalía y sus renovados bríos se atribuyeron a las declaraciones de testigos ante la comisión legislativa investigadora de los créditos del BCR. “Hay gente que no había dicho nada y empieza a hablar. Estamos aprovechando que la gente se asusta y habla”, dijo Chavarría. Pero ¿quién, si no el Ministerio Público, tiene la potestad y el deber de examinar testigos? La Fiscalía no puede depender de los interrogatorios de los diputados, muchos de ellos bastante deficientes, para esclarecer posibles delitos en la Administración Pública.

Las declaraciones de Chavarría son, al mismo tiempo, una admisión de la parálisis del Ministerio Público y de la desconexión entre su jefe y la realidad nacional. Atribuir la enumeración de los casos a los críticos “irresponsables” de la Fiscalía es ignorar que todos y cada uno de ellos desfilaron por los titulares de prensa. La ciudadanía, y los propios involucrados, no esperarían menos que la apertura de un expediente en el Ministerio Público.

La única revelación del fiscal fue el renacimiento de los casos desestimados gracias a la labor de la comisión legislativa, no a las indagaciones del Ministerio Público, lo cual refuerza las quejas recibidas por el presidente de la Corte y da razón a las inquietudes expresadas por la opinión pública.

Si el fiscal considera sensible la revelación de sus “sospechas claras de delitos en el BCR”, le aquietará saber que los ocho casos enumerados durante su conferencia de prensa como investigaciones abiertas han sido objeto de reiterados titulares, seis de ellos como tema principal de portada de La Nación.

Los críticos “irresponsables” no le obligaron a revelar cosa alguna que no fuera ampliamente conocida, sino a explicar sus actuaciones en cumplimiento del deber. Eso, precisamente, lo deberá acreditar la inspección judicial y sería un error restringir la investigación a la actitud del Ministerio Público frente a los hechos del BCR.

El gobierno confesó, por ejemplo, la adjudicación de una licitación cuyo cartel contenía, a sabiendas de varios funcionarios, datos erróneos. Se trata de la carretera para conectar la vía a Limón con el nuevo puerto de Moín. La famosa “pifia” intencional resultó en la adjudicación al oferente más caro. Este diario publicó todos los elementos necesarios para despertar la curiosidad de la Fiscalía pero, a la fecha, no hay información de algún criterio alcanzado, para bien o para mal, en el curso de las investigaciones.

No pretendemos sumarnos a los “irresponsables” criticados por Chavarría, pero tanto silencio inquieta. Los magistrados lo saben desde hace tiempo. El 27 de junio del 2016, cuando presentó su informe de labores, el fiscal general se negó a dar explicaciones a la Corte Plena sobre la lenta tramitación de otras ocho investigaciones relacionadas con funcionarios públicos.