La trágica situación de los inmigrantes africanos, que cada día desafían las aguas del Mediterráneo en busca de trabajo y mejores condiciones de vida en Europa, desborda el retrato que suelen describir algunos medios de comunicación del continente. Y, cada día también, las cifras de las víctimas de los percances fatales en el mar crecen en forma alarmante.
Las dimensiones de la tragedia han calado hondo en la ciudadanía del Viejo Continente. Las naciones europeas saben las responsabilidades que, como destino prometedor, les corresponde. Y, no en poca medida, los votantes desean mayores esfuerzos de sus Gobiernos en esa dirección.
Precisamente, a este sentimiento respondió la convocatoria a una cita de alto nivel de la Unión Europea, llevada a cabo el jueves en Bruselas, a la cual asistieron gobernantes y diplomáticos de los países miembros. En ella se acordó incrementar el ámbito de las acciones de salvamento y triplicar los presupuestos correspondientes. Cabe destacar el liderazgo de la canciller alemana, Ángela Merkel, para plasmar las iniciativas acordadas.
Debemos resaltar también a Italia, a cuyas costas se han dirigido por mucho tiempo las frágiles barcazas de los inmigrantes. A la luz de su creciente número Italia adoptó, en el 2013, un programa de búsqueda y rescate denominado Mare Nostrum. El costo mensual de sus operaciones alcanzó los 9 millones de euros, aproximadamente, por lo cual el despliegue naviero se redujo, en el otoño del 2014, para dar lugar a un esquema más modesto mediante la colaboración de otras naciones europeas.
Se suma al panorama el hundimiento, el domingo pasado, frente a las costas de Libia, de una nave con más de 900 migrantes en circunstancias extrañas. El número de sobrevivientes fue 28, quienes apuntaron con el dedo al capitán del buque, un joven norafricano de 27 años, como el autor del hundimiento. Las autoridades indican que el año pasado el número de migrantes fue 150.000 y, en el período de los últimos cuatro meses, ya asciende a 1.000 o tal vez más.
Los testimonios recogidos por las autoridades europeas señalan que bandas criminales promueven los “tours”, usualmente precedidos por una corta estadía en alguna granja cercana a Trípoli. El pago exigido es de $1.000 por pasajero, pero los promotores acostumbran a exigir montos adicionales a las víctimas, que ya a esas alturas se han desprendido del patrimonio familiar y de los préstamos de amigos. La cuenta muchas veces se amplía con ilusas tareas de guiar a las víctimas a otros países, principalmente hacia Alemania, y si no fuera este el caso, las demandas igualmente crecerían por supuestos cargos. Se han registrado muertes en las granjas como castigo por no haber satisfecho los rubros adicionales.
La Unión Europea pondera ahora emprender acciones policiales y militares contra los promotores citados, además de confiscar las barcazas. Italia ha expresado deseos de liderar la iniciativa. No obstante, quizás las potencias occidentales puedan encontrar otras medidas adicionales que permitan eliminar los cuadros de los supuestos gestores turísticos, ojalá con el concurso de las autoridades locales, si existieran. Libia es un país fragmentado y, según los entendidos, las fuerzas policiales suelen ser nombradas y pagadas por las mafias que carcomen todo proyecto a su antojo.
Entre tanto, los Gobiernos que participaron en la cita de la Unión Europea parecieran dispuestos a no descartar opciones policiales ni militares por ahora, si fuera del caso adoptarlas. Sería, según su criterio, un buen programa inicial para reducir en alguna medida las influencias nocivas de los mercaderes de la muerte.