Según la OCDE, el sector agrícola costarricense dedicado a la exportación opera razonablemente bien, pero el orientado al consumo interno no

 10 abril

Costa Rica ha mostrado interés en ser admitida como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que, en una serie de áreas de política pública, opera de conformidad con las llamadas “mejores prácticas”. Para ingresar a la OCDE, el país se ha sometido a las pruebas de admisión del caso. Una de las áreas examinadas es la política agrícola. En nuestra edición del 4 de abril informamos sobre las conclusiones de los expertos bajo el título “OCDE critica política de fijación de precios del arroz”.

El documento de trabajo de la OCDE indica que el sector agrícola costarricense dedicado a la exportación opera razonablemente bien, pero el orientado al consumo interno no, pues tiene una baja productividad. La diferencia entre uno y otro es que los exportadores se prepararon para competir, lo cual los ha obligado a innovar, mientras buena parte del sector dedicado a la producción para el consumo interno (leche, carne de res y cerdo, arroz) opera bajo un esquema proteccionista, que le resta incentivos a la superación.

En primera instancia, el calificativo “proteccionista” puede sonar bien, pero resulta que los protegidos mediante aranceles (impuestos aplicados a la importación), cuotas y otros, son un grupo reducido de productores. La protección se les brinda a costa de los consumidores, que deben pagar precios superiores a los que habría en ausencia de esas limitaciones.

La política que nos ocupa no opera sobre bienes que podrían calificarse como lujos, prescindibles, sino sobre productos que forman parte de la canasta alimentaria. Ya ha sido cuestionada por algunos analistas costarricenses y en buena hora un equipo técnico de la OCDE también lo hiciera, porque quizá de esa forma el país se aboque a su revisión y enmienda.

Hay que tener presente que la distorsión afecta más fuertemente a los grupos más pobres del país, pues ellos dedican una proporción mayor de su ingreso a la compra de alimentos. Una reforma que reduzca el precio de estos tendría un efecto equivalente al de un aumento de ingresos.

Indica la OCDE que en el sector agropecuario costarricense interactúan gran cantidad de entidades públicas (11 en total) lo cual les resta eficacia. Subsisten los problemas de infraestructura, baja productividad y deficiente extensión agrícola. A esos problemas hay que buscarles solución, no taparlos con medidas proteccionista que, como señalamos, afectan a los grupos de menores ingresos.

La OCDE es especialmente crítica del “apoyo” oficial al arroz, producto que se lleva el 97% de los recursos dedicados al agro. Además, es el único bien que en Costa Rica tiene el precio fijado por ley, y no por la interacción de las fuerzas del mercado, como debería ser.

Si Costa Rica aspira a ser miembro de la OCDE no debe abogar por una política de “soberanía alimentaria” (otra expresión que en el papel suena bien), pues eso muy probablemente nos llevaría a incurrir en costos demasiado altos para producir bienes que, como el trigo, forman parte de la dieta de los costarricenses. Debemos eliminar las restricciones innecesarias a la producción agrícola, apoyar a los productores mediante una buena infraestructura física y buenas condiciones de crédito, no selectivas, pues volveríamos a quedar mal, y prepararnos para competir en el plano internacional, a sabiendas de que no podemos tener ventaja comparativa en todo.

El informe Políticas Agrícolas de Costa Rica, elaborado por la OCDE, debe ser objeto de un serio estudio por las autoridades, representantes del agro y de la academia. Y con base en él es preciso tomar las medidas que correspondan, no solo para ser admitidos en la OCDE, sino porque eso es lo que procede como política pública.