El tropiezo del plan fiscal obliga al Gobierno a multiplicar esfuerzos en busca de mejorar la recaudación de los impuestos existentes. La evasión fiscal es cuantiosa y cuesta trabajo imaginar una gestión tributaria capaz de ponerle coto a corto plazo, en proporciones suficientes para equilibrar las finanzas del Estado. Sin embargo, es necesario avanzar en la materia, tanto por el saludable efecto sobre las finanzas públicas como por un elemental sentido de equidad. La evasión afecta a todos y castiga injustamente a quienes honran sus obligaciones.
En diciembre, el Gobierno convocó para conocimiento de la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley destinados a facilitar el cobro de impuestos. Sobre uno de ellos ya pesan 700 mociones de las bancadas de oposición. Hasta ahora, el plan fiscal impulsado por la administración de la presidenta Laura Chinchilla opacó a las demás iniciativas y no ha habido tiempo para estudiar las propuestas de enmienda. Muchas podrían estar justificadas, pero el país debe permanecer en guardia frente a cualquier intento de filibusterismo o dilación injustificada.
La evasión fiscal fue uno de los argumentos más socorridos contra la Ley de Solidaridad Tributaria derrotada en la Sala IV por defectos de procedimiento. Es injusto crear nuevos tributos mientras no mejore el cobro de los existentes, razonaban los opositores del plan fiscal. Pues bien, la reforma tributaria yace derrotada, con pocas posibilidades de recuperarse, y el Gobierno propone mecanismos para mejorar la recaudación de los impuestos existentes.
La actitud de los opositores ante las iniciativas para fortalecer la gestión tributaria permitirá medir la sinceridad de sus críticas al plan fiscal. Si alguno recurriera a mociones banales y excesivas, como las planteadas en otros casos para entorpecer la labor del Congreso, pondría en evidencia un imperdonable acto de hipocresía.
Cada cual por sus razones, las bancadas de oposición y la del Gobierno están comprometidas a poner en manos de la Dirección General de Tributación Directa los medios necesarios para mejorar su labor. Los opositores acreditarán así la sinceridad de sus críticas al plan fiscal, y los oficialistas cumplirán la promesa de mejorar la recaudación, formulada para hacer frente a esos ataques.
No se trata de pedir a los diputados un apoyo irreflexivo a las propuestas del Gobierno, pero sí partir de ellas para esforzarse por encontrar coincidencias en aras de un propósito defendido por todos en nombre de la equidad y la salud fiscal del país. En este caso, la celeridad es tan importante como la buena técnica legislativa y no hay motivo para abstenerse de cooperar en busca de ambas.
Probada la constitucionalidad de la vía rápida del artículo 208 bis del reglamento legislativo por un reciente fallo de la Sala IV, los diputados del Partido Liberación Nacional plantearon, el diez de abril, dos mociones para aplicar el procedimiento a la tramitación de las iniciativas de fortalecimiento de la gestión tributaria.
Un comunicado de prensa de la fracción liberacionista cita declaraciones del ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, esperanzado en conseguir la aprobación de las iniciativas de ley en el vertiginoso plazo de tres semanas. Quizá sea demasiado pronto. Vale la pena examinar las críticas legítimas que puedan estar implícitas en las mociones presentadas por la oposición. El examen de esas propuestas es indispensable para separar los planteamientos serios de los exclusivamente dilatorios, merecedores de denuncia y reprobación.
La cultura tributaria, tan escasa en nuestro país, no nace de la nada.
Sin los mecanismos necesarios para gestionar con eficacia el cobro de impuestos, la defraudación del fisco perdurará con tanto o mayor descaro que el exhibido hasta ahora.
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