Nuestro sistema penitenciario padece un agudo hacinamiento. Con capacidad para atender 9.130 reclusos, hasta hace poco más de un mes albergaba 13.907, una sobrepoblación del 52%, cifra alarmante e inaceptable. A pesar de la construcción de nuevas cárceles, o de que se ha ampliado la capacidad de las existentes, la demanda supera sustancialmente la oferta. La razón es simple: un enorme incremento en la tasa de encarcelamientos. Según reveló Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), en 1992 había 104 reos por cada 100.000 habitantes, pero la cifra más que se triplicó en 18 años: en el 2014 llegó a 341. Esto nos convierte en uno de los cinco países latinoamericanos con mayor porcentaje de reclusos.
El problema debe atenderse con urgencia. El hacinamiento no solo viola los derechos humanos de los privados de libertad, también genera condiciones que vulneran la esencia misma de los sistemas carcelarios modernos, en los que la sanción debe ir acompañada de adecuados programas de formación y reinserción. Para avanzar por el camino correcto, la solución no es tanto cuantitativa –más cárceles–, sino cualitativa: aplicar penas alternativas y programas de gestión que permitan descongestionar los centros penales y, a la vez, mejorar las posibilidades de readaptación de los reclusos.
La buena noticia es que se están produciendo razonables avances en este sentido, de lo cual son ejemplo, al menos, tres iniciativas de las que hemos dado cuenta en distintas oportunidades.
La más promisoria, por su naturaleza y el impacto que ya ha generado, es el programa de Justicia Restaurativa que desarrolla el Poder Judicial desde el 2012, y que fue oficializado en mayo de este año. Gracias a él, las personas que cometen un delito por primera vez pueden evitar un juicio ordinario. En su lugar, participan en un proceso relativamente ágil y sencillo que abre las puertas a acuerdos con las víctimas y a la aplicación de sanciones restaurativas, como pueden ser dinámicas de rehabilitación, servicio social y participación en grupos de apoyo. El pasado año se efectuaron 1.182 audiencias de esa índole, y todo indica que cerraremos el 2015 con una cifra sustancialmente mayor: solamente en el primer trimestre se produjeron 550.
Otra importante iniciativa que, sin embargo, ha padecido varios retrasos, es el uso de tobilleras o brazaletes electrónicos para monitorear a los reclusos. Según un plan piloto programado para comenzar a principios del próximo año, primero se aplicará como alternativa a la prisión preventiva, pero luego podrá extenderse para sustituir algunas penas de cárcel. Por desgracia, a principios de este mes, el Ministerio de Justicia y Paz anunció que el proceso de contratación deberá recomenzar, al ser declarado desierto el concurso abierto en febrero.
La tercera medida contra el hacinamiento fue la decisión de trasladar reos considerados no peligrosos de las cárceles a 12 Centros de Atención Semiinstitucionales (CASI) que existen en el país. Entre el 16 de setiembre y el 19 de octubre, el plan se había aplicado a 419 personas, luego de un cuidadoso proceso de selección. Esta cifra, sumada a la de quienes cumplieron sus penas o terminaron la prisión preventiva, ha permitido que la sobrepoblación carcelaria haya bajado, a la fecha, a un 47,5%. Difícilmente, Justicia podrá cumplir su meta de reducirla al 36,4% al terminar este año. Sin embargo, lo más importante es que se dé énfasis a la calidad y continuidad de los procesos, más que a su celeridad, aunque esta tampoco puede descuidarse.
Los beneficios de opciones como las mencionadas son obvios: baja el hacinamiento, se reducen costos, mejora el respeto a la dignidad de los reos y aumentan las posibilidades de reinserción. Si esto se logra complementar con mejores programas de rehabilitación y capacitación, la crisis que hoy vivimos pasaría a la historia como el momento en que dimos el paso hacia un modelo más racional, eficaz y constructivo en materia penitenciaria.
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