Al fin, Fonatel se puso en movimiento, pero es mucho el tiempo perdido desde su constitución y el primer ingreso de $170 millones

 26 abril, 2014

Dentro de un año, los habitantes de la zona norte disfrutarán el beneficio de la Internet en centros educativos y comunales, un recurso común en parte del país y esperado con ansia en las regiones más alejadas como Guatuso, Los Chiles, Upala, algunas áreas de San Carlos y Sarapiquí.

Los ¢7.000 millones necesarios para la integración digital de esas zonas salen del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), constituido con el pago de las frecuencias concedidas a las empresas privadas de telefonía móvil y el 1,5% de los ingresos brutos anuales de todas las proveedoras del servicio, incluido el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Aparte de los cinco proyectos de la zona norte, adjudicados a las empresas de telefonía Claro y Movistar, Fonatel impulsa el trámite de otros dos para la provincia de Limón. En los poblados del norte, más de 500 centros educativos, con unos 40.000 alumnos, disfrutarán del servicio de 4 megabits, así como los Cen-Cinai, los centros de salud y los centros comunitarios. El ICE también participa de la expansión de la conectividad y resultó adjudicatario de un proyecto similar en Pococí.

Al fin, Fonatel se puso en movimiento, pero es mucho el tiempo perdido desde su constitución y el primer ingreso de $170 millones pagados por las dos concesionarias privadas de la telefonía celular, a mediados del 2011. A partir de entonces, las más altas autoridades del Gobierno lanzaron súplicas por la rápida inversión de los fondos, vitales para la educación pública y la disminución de las brechas existentes entre los centros educativos rurales y los del Valle Central.

En el primer momento, las batallas burocráticas se libraron en torno a la modalidad de la administración del dinero, fuera mediante fideicomiso o con otro mecanismo. Mucho se tardó en contratar al personal necesario y, cuando el Gobierno intentó impulsar un presupuesto extraordinario de ¢300 millones para ganar tiempo, el Ministerio de Hacienda dijo carecer de fondos, pese a la aprobación del plan de gastos por la Contraloría General de la República.

El vicepresidente Luis Liberman propuso entonces la meta de conectar el 85% de los centros educativos a la Internet para este año. Es un ideal lejano, a juzgar por los primeros pasos de que somos testigos y los dos proyectos ejecutados el año pasado con una inversión de $22,5 millones. La conectividad de la zona sur, el Pacífico Norte y el Caribe apenas saldrá a concurso en este primer semestre del año.

Las adjudicaciones de los proyectos en marcha no se produjeron sin las previsibles apelaciones y otros escollos administrativos. Los programas de la zona norte fueron adjudicados en diciembre con la intención de comenzar a ejecutarlos en enero, pero la resolución de las apelaciones se produjo a fines de marzo, a las empresas se les concedieron diez días para revisar los contratos y el plazo de entrega de los proyectos es de un año.

Como razonamos en un editorial del 2011, la Internet llega tarde para los estudiantes graduados en los últimos tres años, que nunca disfrutaron de sus beneficios, y todavía habrá graduaciones, en muchos lugares del país, de alumnos sin acceso a la educación digital. Otros apenas podrán disfrutar de sus beneficios durante un corto tiempo, previo al egreso de las aulas.

Las oportunidades perdidas no podrán ser recuperadas. Sin embargo, hacemos votos por que el desarrollo de los programas a partir de ahora no se vea interrumpido y que Fonatel cumpla a plenitud la importante función asignada.

Las brechas entre la educación pública y la privada, o entre la urbana y la rural, no se cerrarán por el acceso a Internet. Muchos otros factores crean las diferencias. Esa es razón de más para nivelar el terreno de forma oportuna cuando sea posible. En el caso de Fonatel, la oportunidad existe desde hace años. Ahí han estado los fondos para probarlo.

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