Opinión

EDITORIAL

La marcha de los incentivos

Actualizado el 15 de noviembre de 2016 a las 12:00 am

La verdad es que los pluses, con nombres altisonantes y justificaciones confusas, se han venido utilizando, simplemente, para elevar salarios

Las diferencias son grandes entre los empleados de diversas instituciones, pero también se ha creado un abismo con el sector privado

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La marcha de los incentivos

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El 10% del presupuesto nacional se destina al pago de 113 incentivos salariales del sector público que exigen ¢778.000 millones al año. Ese componente eleva el gasto en remuneraciones a ¢2,4 billones. La historia de los pluses, contada con detalle en nuestra edición del 3 de noviembre, es asombrosa, pero existe un caso emblemático a partir del cual sobran las explicaciones.

Luego de un fallo de la Sala Constitucional que afirmó la autonomía de diversas instituciones para fijar sus políticas en materia de remuneraciones, la Contraloría General de la República inventó, en 1991, un elemento compensable llamado “grado de responsabilidad por fiscalización superior”.

En realidad, se trataba de otra cosa, según la justificación del sobresueldo: “Esta institución ha manifestado su preocupación por la fuga constante de profesionales, atraídos por mayores beneficios salariales”. Al parecer, la preocupación quedó resuelta, por lo menos de momento, con la curiosa responsabilidad por fiscalización superior.

En la Asamblea Legislativa pronto notaron lo sucedido en la Contraloría y siete meses más tarde inventaron el “incentivo legislativo”. La frase no explica absolutamente nada, pero el propósito, a fin de cuentas, era elevar las remuneraciones y no compensar algún esfuerzo específico.

La Corte Suprema de Justicia se apegó mucho más al libreto de la Contraloría y a su nomenclatura al crear, en 1998, el “incentivo de responsabilidad por ejercicio de la función judicial”. Un año más tarde, el Tribunal Supremo de Elecciones estableció, todavía con menos originalidad, el “incentivo de responsabilidad por ejercicio de la función electoral”. La Defensoría de los Habitantes reclamó el mismo beneficio en el 2006 simple y sencillamente porque las demás instituciones lo habían adoptado.

La primera perplejidad ante esta cadena de incentivos surge del nombre. Las razones para crear una compensación por riesgo policial son totalmente obvias, pero no queda tan claro el riesgo o esfuerzo especial de quienes ejercen la función electoral. El sobresueldo para los administradores de justicia, ¿garantiza la imparcialidad o compensa a los funcionarios el temor a una represalia? ¿Legisla mejor el Congreso gracias al incentivo legislativo?

La verdad es que los pluses, con nombres altisonantes y justificaciones confusas se han venido utilizando para elevar salarios y alimentaron una competencia entre instituciones públicas para ofrecer y obtener las mayores ventajas. Los incentivos han cumplido esa función a cabalidad. Para hacerlo, elevaron exorbitantemente el gasto público y crearon un desorden en las remuneraciones del Estado donde la desigualdad es la norma.

Las diferencias son grandes entre los empleados de diversas instituciones, según haya sido el activismo de cada una en la creación de pluses, pero también se ha abierto un abismo con el sector privado. Los empleados del Gobierno Central y de las instituciones autónomas ganan entre un 23% y un 50% más porque, en promedio, reciben el pago de 14 anualidades y de incentivos salariales como dedicación exclusiva y riesgos laborales.

Aun así, todavía se argumenta en defensa de los pluses salariales la necesidad de evitar la fuga de talentos. Nuestro país, sin embargo, no tiene rivales en el continente a la hora de las diferencias entre las remuneraciones del sector público y las del privado. Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial, se mostró sorprendido porque Costa Rica es el único país latinoamericano donde los empleados estatales ganan más. Así se explica que un reciente estudio de opinión revelara la frecuente aspiración de los jóvenes costarricenses de ser empleados del Estado.

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