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EDITORIAL

El mapa de la parálisis

Actualizado el 18 de mayo de 2013 a las 12:00 am

Las posiciones de las bancadas legislativas sobre los principales puntos de la agenda del Poder Ejecutivo, retrata la atomización de criterios sobre temas fundamentales

Con fina sensibilidad frente a la opinión pública, ningún opositor defiende el desprestigiado reglamento legislativo, pero ninguno propone una alternativa

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Un mapa de las posiciones de las bancadas legislativas sobre los principales puntos de la agenda del Poder Ejecutivo, retrata la atomización de criterios sobre temas fundamentales y la dificultad de avanzar en procura de las respuestas necesarias. Ninguna propuesta logra consenso, aunque en varios casos se vislumbra la oportunidad de forjar acuerdos suficientes para lograr mayorías.

Las mayorías, como demuestra la práctica de los últimos años, no garantizan siquiera el trámite de un expediente hasta el momento culminante de la votación. Esa circunstancia obliga a reclamar un puesto de privilegio en la agenda para las reformas al Reglamento legislativo. El Gobierno las tiene entre sus altas prioridades; sin embargo, solo la bancada unipersonal de Renovación Costarricense comparte la urgencia del cambio con el partido oficialista.

Ninguno de los otros seis partidos de oposición dice estar en desacuerdo, mas tampoco se declara a favor. Las evasivas son más o menos ingeniosas. El Partido Acción Ciudadana (PAC) dice apoyar la reforma, pero protesta porque el Gobierno no la tiene clara. No ofrece una solución propia, apta para agilizar la labor del Congreso, aunque ese fue el único compromiso concreto de la alianza opositora que lo llevó a presidir la Asamblea en el 2011.

El Movimiento Libertario, también comprometido con la reforma anunciada en el 2011 y jamás concretada, hoy adopta la misma actitud del PAC: el Gobierno no demuestra claridad sobre los cambios necesarios. La Unidad Socialcristiana se declara a favor de la reforma; no obstante, pide establecer una comisión con plazo para estudiarlos uno a uno. Lo mismo plantea Accesibilidad Sin Exclusión, cuyo requisito es que se trate de una comisión “mixta”. El Frente Amplio se reserva la opinión mientras el proyecto no esté claro, y Renovación Nacional coincide con el objetivo de acelerar los tiempos de votación, mas deja todos los cabos sueltos cuando añade “(') pero es un tema muy amplio”.

Con fina sensibilidad frente a la opinión pública, ningún opositor defiende el desprestigiado reglamento vigente, pero ninguno propone una alternativa pese al ofrecimiento hecho cuando en conjunto aspiraban a asumir la conducción del Congreso.

El Gobierno, por su parte, contribuyó en su momento a crear confusión con el nombramiento de una comisión de notables que, al final, interpretó su mandato como un encargo de producir planteamientos de larguísimo alcance sobre el modelo político, al punto de incorporarle elementos del parlamentarismo. El resultado de los estudios fue un documento donde la reforma reglamentaria es uno de muchos temas y comprende elementos cuya novedad exigiría una discusión más compleja de la cuenta.

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Si los opositores llevan algo de razón sobre la falta de claridad en los objetivos del Gobierno, no es menos cierto que este último es el único comprometido con el cambio. Los demás, con la salvedad de Renovación Costarricense, ni se oponen ni proponen. De esa manera, posponen.

En el fondo, todos saben cuáles reformas son necesarias. El Gobierno también lo sabía cuando creó la Comisión de Notables. Los alcances de cada cambio abren espacio a la polémica, pero, si de agilidad se trata, el temario básico está claro. El Congreso necesita un mecanismo de fijación de plazos para votar. Además, urge reformar el artículo 137, con el fin de reducir el número de sesiones habilitadas para presentar mociones en el plenario, así como el 138, que permite plantear mociones de reiteración en tres sesiones, cuando una bastaría.

Una reforma al artículo 154 podría exigir una votación calificada para devolver los proyectos a comisión, y cuando eso ocurra, se le podría fijar plazo al trámite. Asimismo, hace falta limitar el uso de la palabra y permitirles a la Presidencia del Congreso y a las de las comisiones rechazar mociones dilatorias, repetitivas o improcedentes.

Cuáles son los plazos, en cuántas sesiones se debe posibilitar la presentación de mociones al plenario, hasta dónde se limita la palabra y otros alcances similares de la reforma, despertarán polémica, pero la agenda básica no encierra ningún misterio si en verdad hubiera voluntad de cambio.

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