EscucharColombia es considerado un país donde la democracia y la pujanza económica moldean un año prometedor. En efecto, el Gobierno recientemente presentó cifras que perfilan un incremento del 4,5% en la economía para el 2013, coincidente con los pronósticos de la Cepal y del Banco de la República. Estas perspectivas contrastan con el pesimismo económico que aflige a naciones como Argentina y Brasil.
Los resultados de Colombia también se producen de cara a paros y otros trastornos en zonas rurales. Estos problemas se originan mayormente en los privilegios prometidos por el Gobierno para compensar las supuestas pérdidas derivadas de los acuerdos de libre comercio. En todo caso, las autoridades insisten en que son necesarias conversaciones previas, a fin de concretar las demandas campesinas y de algunas industrias del agro.
Los bloqueos de carreteras afectan ya casi a la mitad del país, pero en ciertos puntos se han logrado contactos iniciales. Estos desarrollos se producen al mismo tiempo que el Gobierno mantiene conversaciones en La Habana con las FARC, guerrillas que, una vez más, emprenden negociaciones con el sector oficial.
El cuadro de las tormentas que encara el presidente Juan Manuel Santos no es esperanzador. El principal sindicato nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), declaró que “esta huelga es una reacción que condena la situación en la que el gobierno de Juan Manuel Santos ha sumido al país como consecuencia de la imposición de sus nefastas, antisindicales y antipopulares políticas”. De toda forma, el Gobierno se manifiesta optimista de poder resolver este vasto conflicto mediante negociaciones con los sectores alzados.
Entre tanto, el fiscal de la República decidió establecer una comisión para perseguir los bienes de los capos de las drogas fuera de Colombia, a fin de indemnizar a las víctimas del azote. Señala el fiscal que, “con miles de millones de dólares y sus ejércitos de sicarios a disposición, se hicieron con las mejores tierras del país.” Ahora se vislumbra un paso adicional.
Valga indicar que, hace cuatro años, los altos ejecutivos de las drogas firmaron la paz con el entonces Gobierno comprometiéndose a entregar los bienes, fruto de sus delitos. No obstante, el compromiso no ha sido cumplido. Ahora se ha creado una comisión de fiscales para perseguir los tesoros de los capos en el exterior. Las cifras que se conocen son inmensas, pero mínimas ante las realidades del mal causado a miles de colombianos. Ojalá los funcionarios tengan éxito en este cometido.
Algunas figuras políticas de Colombia han externado serias dudas sobre los alcances de las medidas adoptadas por Santos. Quizás así sea, pero, al menos, sí alientan algún entusiasmo. El diagnóstico podría variar a la luz del último proyecto anunciado por el mandatario. Bajo dicho plan, anunciado con pompa ante la prensa, Santos externó su deseo de que el acuerdo de paz que se plasme con las FARC en La Habana, sea sometido a un referendo nacional. A estos efectos, propone que dicho acuerdo se vote junto con las elecciones para el Congreso en marzo próximo, o en las presidenciales, en mayo siguiente.
El plan pareciera muy práctico, aunque los bemoles no lucen insignificantes. Según Santos, la prohibición constitucional para ese procedimiento podría obviarse mediante un texto muy sencillo para que “el acuerdo final para la terminación del conflicto armado pueda coincidir con otros actos electorales”. Su aprobación general constituiría el paso final del referendo sobre el acuerdo de paz con la guerrilla.
El mecanismo propuesto ha sido objetado por quienes ven en él una jugada de Santos para reelegirse presidente en mayo. Aunque la ambición de reelegirse en la Primera Magistratura no se ha ventilado en público, si efectivamente consigue firmar la paz con las guerrillas y con serias garantías de las FARC, serán los ciudadanos quienes digan la última palabra en el planeado referendo.
