Mandos medios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social se reunieron para discutir formas de contrarrestar los hallazgos negativos del estudio contratado en el 2014 a la empresa Melinsky, Pellegrinelli y Asociados. Lo verdaderamente extraordinario es la celebración de la reunión meses antes de conocerse los resultados del análisis actuarial.
Una carta de Marianita Dormond, directora de prestaciones sociales, dirigida a Miguel Pacheco, gerente de pensiones, alertaba sobre los futuros resultados adversos del estudio de la firma argentina e insistía en la necesidad de formar un bloque interno para defender a la institución.
Los “mandos medios” no necesitaban conocer el examen actuarial para entender las dificultades del régimen. El análisis, bien lo sabían, arrojaría un dictamen negativo. Por eso era necesario desacreditar el estudio en “defensa” de la Caja, es decir, de su burocracia. Lo lograron, pero, ahora, un nuevo análisis de la Universidad de Costa Rica llega a conclusiones similares y ya no hay cómo posponer la difusión de la verdad.
Pero los mandos medios del IVM tienen una solución. Luego de posponer durante años, contra viento y marea, la revelación de la verdad sobre el IVM, a la Caja le bastaría con “nacionalizar”, es decir, sustraer sin compensación alguna, el dinero acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
Es dinero depositado obligatoriamente por los trabajadores y sus patronos en una cuenta individual para complementar la pensión del IVM, cuyo valor es cada vez menor. La solución de los mandos medios es arrebatar ese dinero a sus propietarios de un solo manotazo aprobado por la Asamblea Legislativa.
Por fortuna, la medida sería casi seguramente inconstitucional y su aprobación en el Congreso una tarea muy difícil, pero la sola propuesta dice mucho de la burocracia en cuyas manos está un tema de tanta importancia. La oposición “preventiva” al estudio de Melinsky, ahora corroborado por la Universidad de Costa Rica, también es tristemente reveladora.
La burocracia institucional piensa primero en sí misma, en sus beneficios y en la justificación de sus errores. Propone, con toda tranquilidad, expropiar sin compensación el dinero de los demás trabajadores, pero no perdonará a quien sugiera eliminar alguno de sus privilegios. En ese caso, se rasgará las vestiduras en defensa de los “derechos adquiridos”.
En el 2003, la Sala Constitucional examinó la naturaleza del ROP y del FCL. Si bien se financian con contribuciones forzosas y el beneficio se obtiene al finalizar la relación laboral, eso no los convierte en un seguro social. En los seguros sociales, todos cotizan según su salario y los recursos engrosan un fondo común de donde se subvenciona a los menos afortunados. En el ROP, el beneficio depende del aporte individual del trabajador, el patrono y de los rendimientos obtenidos por la inversión de esos recursos.
Otro de los elementos diferenciadores, según la Sala, es la ausencia de una contribución estatal. El ROP y el FCL se financian, exclusivamente, con las cuotas pagadas por trabajadores y patronos. El Estado no pone un céntimo y eso no deja lugar a dudas del carácter individual y privado de los fondos. Para ese problema, los mandos medios también tienen solución: la reforma legal obligaría al Estado a aportar un mísero 0,1%. Esa insignificancia serviría de excusa para declarar el carácter de seguro social del fondo y arrebatárselo a sus legítimos propietarios para apuntalar al IVM que la Caja no ha sabido administrar.