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EDITORIAL

Tres lustros de atraso

Actualizado el 26 de octubre de 2013 a las 12:00 am

El propósito de adoptar el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) fue anunciado por la Caja Costarricense de Seguro Social en 1998

La adopción del expediente electrónico colisiona con importantes intereses creados. La debilidad del proyecto puede estar, paradójicamente, en sus ventajas

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En 1998, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció el propósito de adoptar el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) para convertir montañas de archivos clínicos en fichas electrónicas accesibles desde cualquier centro médico, sin extravío de piezas importantes ni tiempos de espera para el traslado físico de los documentos.

Si esas ventajas fueran pocas, el expediente electrónico también facilitaría el control de horarios, las incapacidades, el suministro de medicamentos y la disminución de las listas de espera. Quince años, muchos millones y cuatro Gobiernos después, el proyecto todavía está lejos de alzar vuelo.

A lo largo de tantos años, no faltaron los llamamientos a la premura. En junio del 2012, la Sala Constitucional exigió adoptar el sistema “en un plazo razonable”. Dos meses después, la presidenta, Laura Chinchilla, pidió a la CCSS desistir del desarrollo del programa por sus propios medios y acudir a la asesoría internacional. Cientos de informáticos de la institución han invertido años en desarrollar, a partir de cero, sistemas existentes y probados desde hace mucho tiempo en otros países, como Corea, España y, en nuestras cercanías, Ecuador.

La Comisión de Notables establecida para estudiar la crisis de la Caja declaró “inadmisible” la falta del expediente digital y, este año, la Asamblea Legislativa se unió al clamor con la aprobación de un proyecto que exige la implantación del sistema en el plazo máximo de cinco años. Si la Caja cumple el mandato, habrá tardado 20 años en adoptar la iniciativa, que ya en 1998 no podía ser calificada de novedad.

El tiempo transcurrido y el generoso plazo concedido por el Congreso, a estas alturas, son difíciles de entender. Para justificarse, la Caja alega un amplio repertorio de razones: falta de presupuesto, ensayo de soluciones informáticas fallidas, tardanza de los diagnósticos encargados a Radiográfica Costarricense para saber el número de computadoras requeridas en cada clínica y Ebáis, así como el lento desarrollo de la interconexión de los centros médicos involucrados.

Cuando se le presiona, la institución saca a relucir los planes piloto lanzados en Alajuelita, Puntarenas centro y Esparza, pero omite explicar el limitado alcance de esos programas, donde no se manejan expedientes electrónicos, sino fichas básicas de atención.

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Quince años transcurridos, cinco por transcurrir y quién sabe si más, restan credibilidad a las explicaciones, disminuyen el impacto de los limitados planes piloto y despiertan dudas sobre las razones de la demora. La adopción del expediente electrónico colisiona con importantes intereses creados en la Caja y hace pensar que los infortunios del proyecto podrían tener explicaciones adicionales. La debilidad de la iniciativa puede estar, paradójicamente, en sus importantes ventajas.

El manejo manual de los expedientes causa atrasos y crea oportunidades para la pérdida de importantes documentos, entre ellos los resultados de exámenes practicados al paciente, pero justifica la existencia de una burocracia dedicada a administrarlos.

El control sobre las citas, la productividad del personal médico, el uso de equipos y la entrega de medicinas difícilmente agradará a todos los funcionarios de las áreas involucradas.

Los informáticos contratados para desarrollar el sistema tienen pocos incentivos para completarlo con celeridad y, cuando los sindicatos se declaran en huelga, el éxito está garantizado con solo paralizar el traslado de expedientes.

Desde el punto de vista de la Caja, la digitalización puede despertar temores de exceso de demanda en las zonas de alta densidad poblacional, pues el trámite de citas y las filas a la entrada de los centros médicos dejarían de actuar como desestímulo a la exigencia de servicios.

Desde el punto de vista de los asegurados, la probable afectación de los intereses enumerados es la mejor justificación de toda premura.

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