Los dos canales

A partir de entonces, y tras años de concienzuda preparación, la Autoridad del Canal de Panamá ha demostrado su competencia, transparencia, independencia, eficiencia, capacidad de planificación y visión en la administración de la vía. Como resultado de ello y sólidos estudios técnicos, financieros y de mercado, en el 2007 comenzaron las obras de ampliación del Canal, a un costo de $5.250 millones, financiados en el mercado internacional de capitales.

El proyecto incluye, como elemento central, un nuevo juego de esclusas que, tras su apertura en el 2016, permitirá el paso a cargueros con el triple del volumen de los actuales. También se están incrementando la capacidad portuaria, los corredores logísticos y los servicios consustanciales a las actividades canaleras. Más aún, ya han comenzado los estudios para un cuarto juego de esclusas.

Al otro lado de nuestra frontera norte, una añeja ilusión, atizada con extravagantes planes, solo ha conducido, hasta ahora, a una lamentable realidad: la violación de la Constitución nicaragüense, para entregar a una empresa china derechos absolutos –por 50 años, prorrogables– sobre una enorme porción del territorio. Allí, según las promesas, en cinco años se hará el milagro y comenzará a operar el “gran canal” de Nicaragua, tres veces más largo que el de Panamá. Lo acompañarían dos megapuertos, un aeropuerto, una fábrica de cemento, otra de acero, carreteras, ferrocarriles, una nueva ciudad, desarrollos turísticos, 50.000 empleos durante la construcción, 200.000 una vez que esté en funcionamiento, y un crecimiento anual de la economía del 10%. Es decir, el paraíso.

Según Wang Jing, un autoproclamado empresario chino gestor del plan y de la compañía HKND, encargada de estructurarlo, la inversión ascenderá a $40.000 millones; sin embargo, expertos en la materia calculan que será necesario, aproximadamente, el doble. El plazo de cinco años para ponerlo en operación se queda, igualmente, corto, y ni Wang ni sus acompañantes (entre ellos, un hijo del presidente Daniel Ortega) han mostrado los detalles del proyecto, explicado su impacto ambiental y respondido a cómo lo financiarán.

Para Costa Rica sería en extremo beneficioso que Nicaragua pudiera construir y operar responsablemente un canal, y crear un robusto foco de desarrollo gracias a él. Sin embargo, lo poco que se sabe del proyecto solo genera inquietudes. La mayor es cómo podría afectar nuestro ambiente, en particular el caudal del río San Juan y, como consecuencia, el del Colorado. Aunque –si alguna vez se convirtiera en realidad– se construiría a varios kilómetros al norte de la frontera, pasaría por el Gran Lago, que nutre a esos ríos, y consumiría un descomunal volumen de sus aguas. Por eso, el canciller Manuel González dirigió el 14 de julio una carta a su contraparte nicaragüense, Samuel Santos, solicitando que, “antes de iniciar cualquier obra”, se transmita a Costa Rica “el estudio de impacto ambiental transfronterizo, y cualquier otro estudio técnico pertinente, que acredite que no se afectará” a nuestro país. Seguimos esperando una respuesta satisfactoria.

Por el momento, el artilugio de Wang, al margen de posibles réditos económicos que ya les haya proporcionado, o les pueda proporcionar, a él y a sus socios, ha servido para que Ortega inyecte algunas cuotas de esperanza entre los nicaragüenses. A la vez, sin embargo, corre el riesgo de que, si todo se desinfla, se produzca una severa reacción adversa.

En Panamá, el proyecto de Nicaragua ha sido recibido con gran escepticismo, por sus números tan alegres, pero no se han descuidado de las posibles implicaciones, si llegara a concretarse. En Costa Rica, lo prudente es mantener una actitud de alerta en materia ambiental, la más crítica para nosotros, sin perder de vista las implicaciones políticas. Mientras tanto, debemos seguir aprovechando las oportunidades creadas por la ampliación del Canal de Panamá, que ya ha generado un positivo impacto en muchas de nuestras empresas.