EscucharNi el Ministerio de Salud ni el Cuerpo de Bomberos conocen las condiciones de operación de los centros de entretenimiento nocturno. Tampoco saben cuántos existen y la última inspección de los Bomberos, limitada a San José y San Pedro de Montes de Oca, data de hace seis años. Existe un manual de disposiciones técnicas, pero no hay certeza de su cumplimiento.
La tragedia que costó la vida a 232 personas en Brasil, hace poco más de dos semanas, alerta sobre las consecuencias de la aglomeración de personas en sitios inseguros, pero el sentido común no debería ser menos aliciente para desplegar una vigorosa campaña, en procura de las condiciones necesarias.
El Ministerio de Salud está facultado por ley para conducir las inspecciones, pero el respaldo normativo no se extiende al Cuerpo de Bomberos. La conveniencia de facultarlos para incorporar su conocimiento técnico a la revisión de bares, discotecas y otros sitios de diversión, parece obvia. La reforma legal debe contemplar, además de las facultades necesarias para ejecutar las inspecciones, la posibilidad de sancionar los incumplimientos. Mientras tanto, no parece haber motivo para abstenerse de hacer revisiones conjuntas, con la autoridad de Salud y el conocimiento técnico de Bomberos.
Los Bomberos reclaman esa participación. Su director, Héctor Chaves, reconoce el papel habitual de las municipalidades y el Ministerio en el control de las condiciones sanitarias, pero se manifiesta preocupado por la escasa atención brindada al problema de la seguridad y el riesgo de incendio.
La patente municipal, el permiso sanitario de funcionamiento y las inspecciones de seguimiento ejecutadas por Salud no ofrecen las garantías y uniformidad de criterios propios de la revisión por un organismo especializado.
“Debería haber un estándar mínimo de lo que un sitio de reunión pública debe tener para que no quede a criterio del inspector”, afirma, con acierto, Chaves. Al impulso de lo acontecido en Brasil, no es de extrañar que la atención se centre en las discotecas y sitios similares. Sin embargo, las necesidades de prevención son mucho más amplias. Ningún sitio de atracción debe estar desprovisto de las precauciones indispensables y en ninguno debe faltar una revisión para comprobar su presencia.
La mera existencia de un conjunto de normas para garantizar la seguridad en sitios públicos no asegura su cumplimiento. Los primeros obligados son los propietarios de los comercios, señala Alexánder Solís, jefe de Ingeniería de Bomberos, pero él es el primero en señalar las deficiencias constatables a simple vista. La obligación impuesta a los propietarios por la ley y el sentido de la responsabilidad necesitan, para su cabal cumplimiento, el respaldo de la vigilancia.
Cualquier visitante de locales abiertos al público puede dar testimonio, en muchos de ellos, de puertas de emergencia obstruidas, el uso de pasillos como bodegas, la falta de señalización, el empleo de materiales fácilmente inflamables y las instalaciones eléctricas en mal estado. Esos ciudadanos también deben aceptar la parte de responsabilidad que a todos nos corresponde y plantear la denuncia a las autoridades, que deben establecer mecanismos ágiles para recibirla.
Pasada la tragedia en Brasil, una superviviente agradeció a la suerte su proximidad a la única y estrecha puerta del local incendiado. Muchas víctimas perdieron la vida pisoteadas por la multitud ansiosa de alcanzar esa salida. El fuego comenzó cuando el vocalista de un conjunto musical blandió un artefacto pirotécnico cuyas chispas alcanzaron un material altamente inflamable que recubría el techo. Un guarda intentó aplacar el incendio con un extintor, pero el aparato no funcionó. El sitio estaba repleto de jóvenes participantes en una fiesta universitaria y, cuando menos, tenía el aforo máximo.
Cada uno de los factores causantes de la tragedia implica la previa violación de normas de seguridad comunes incorporadas también a la normativa costarricense. Todos ellos pudieron ser prevenidos con un mínimo de prudencia y, en su defecto, una inspección detallada.
