Es insensato pasar por alto las advertencias del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos sobre la ampliación de la carretera a Limón

 24 febrero, 2015

Las advertencias del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) sobre la ampliación de la carretera entre San José y Limón son un llamado a la prudencia. Es insensato pasarlas por alto, no solo por venir de una fuente muy calificada, sino también por la solidez de los datos y del razonamiento.

En síntesis, todavía no es posible saber los costos de la ampliación de la ruta 32 o si el país podrá cumplir a tiempo su parte del acuerdo con la empresa china contratada para hacer el trabajo. El incumplimiento daría pie a una renegociación de los costos, de conformidad con los términos del contrato.

Nadie duda de la imperiosa necesidad de las obras. Limón las exige y el país entero será su beneficiario. Como bien dijo el presidente, Luis Guillermo Solís, “No podemos tener un puerto de calidad internacional con una carretera de Tercer Mundo”. Por eso es importante ejecutar el proyecto con extremo cuidado, sin “correr el riesgo” de un fracaso, a lo cual dijo estar dispuesto el mandatario.

La obra para ampliar 107 kilómetros de la ruta 32 a cuatro carriles fue contratada por el gobierno de Laura Chichilla y se financiará con un préstamo chino de $395 millones, con la contrapartida de otros $90 millones a cargo del Estado costarricense. Por eso, la empresa ejecutora de la obra debe ser china.

Pero el Consejo Nacional de Vialidad y la constructora CHEC firmaron el contrato en junio del 2013 y establecieron un plazo de tres años para la ejecución de los trabajos previos, a cargo del Gobierno de Costa Rica. El plazo expirará en junio del 2016. Es decir, ya transcurrió más de la mitad y aún no se han dado los primeros pasos. Según el CFIA, no será posible cumplir las obligaciones nacionales en los 16 meses restantes.

El Conavi, al menos en un primer momento, seguramente opinó lo mismo, porque fueron sus técnicos quienes negociaron el plazo de tres años. Si 16 meses bastaban, es razonable presumir que ese habría sido el plazo convenido, dada la urgencia de la obra.

La incertidumbre sobre el valor total de la ampliación, dice el CFIA, se acrecienta con la ausencia de una propuesta de relocalización de los servicios básicos en el anteproyecto presentado por CHEC. Recope, el ICE y AyA deberán reubicar el poliducto, la fibra óptica, las líneas de distribución de energía y las de agua, pero el costo de las obras no se ha calculado y tampoco el tiempo de ejecución.

Según el CFIA, los datos proporcionados por las instituciones involucradas llevan a concluir que los trabajos preparatorios podrían estar listos en tres años, plazo coincidente con el del contrato firmado en junio del 2013. La renegociación del costo con CHEC sería, en ese caso, inevitable.

Según el Colegio, otro de los imponderables en este momento es la reparación de los puentes existentes, cuyo estado exige atención, según el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. El proyecto contempla la construcción de puentes paralelos, pero no la reconstrucción de los instalados cuando se construyó la carretera.

Quizá, el imponderable más importante, porque no solo crea duda sobre los costos, sino también sobre la calidad de la obra, es la expropiación de terrenos para adecuar la carretera a las normas internacionales aplicables a las vías de su tipo. El anteproyecto fue consultado al CFIA, en cuyo criterio las dimensiones de la ampliación no son las necesarias para garantizar el buen servicio y la seguridad. La carretera de Primer Mundo necesaria para complementar el puerto de calidad internacional podría no ser la vía propuesta por CHEC.

La necesidad de las obras no está en duda, pero la petición del CFIA para contratarlas, una vez terminado el anteproyecto, es totalmente razonable, aunque el ministro de Obras Públicas haya ofrecido ayer su garantía personal de que no habrá problemas.