Limitaciones de la policía de tránsito

Pasado el año, Ureña insiste en la cantidad desproporcionada de jefaturas y agentes asignados a labores administrativas en detrimento de la vigilancia en las calles. “Ni una pulpería se maneja como lo hacen en el tránsito porque en las pulperías por lo menos acomodan y ordenan los productos, pero aquí no”.

Ureña coincide con sus superiores en la necesidad de aumentar el personal de la policía de tránsito, pero no por eso deja de criticar la asignación de recursos en la actualidad. La viceministra de Transportes y exdirectora del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Cosevi) parece darle la razón cuando anuncia su intención de recuperar once plazas asignadas a labores administrativas para reforzar la vigilancia.

Como lo pinta Ureña, el problema parece mucho mayor que las once plazas citadas por la viceministra, pero el proyecto de recuperarlas confirma que la distribución de recursos es, en alguna proporción, parte del problema. Si la revisión de las asignaciones administrativas se hace necesaria, no estaría mal pasar revista a los métodos de vigilancia aplicados por los oficiales asignados a la calle.

Existen en las vías costarricenses puntos de frecuente y flagrante violación de la ley de tránsito donde la presencia de oficiales dispuestos a imponer multas tendría un importante efecto disuasivo y educativo. Son sitios donde los conductores confirman, sea por experiencia propia u observación de la conducta ajena, que la ley puede ser violada con total impunidad.

Apuntadas la asignación de recursos y la necesidad de revisar los métodos de trabajo, no cabe duda de la razón que asiste a las más altas autoridades de tránsito cuando reclaman más plazas para el cuerpo policial. El presupuesto del 2014 contemplará la apertura de un centenar de plazas adicionales, pero el déficit se calcula en al menos 1.200 policías.

La policía de tránsito es una cenicienta del Estado costarricense y ni siquiera el vertiginoso aumento de la planilla estatal en años recientes le reportó algún beneficio. Entre el 2005 y el 2010, solo la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social creció en 10.956 plazas, pero los encargados de impedir la llegada a los servicios de emergencia de cientos de accidentados por año apenas aumentaron en número y parece imposible concederles las plazas necesarias para llenar el déficit, aunque muchas de ellas se encuentren ocultas en otros rincones de la burocracia.

A la asignación de personal, los métodos de trabajo y la falta de oficiales, el país les suma el dilatado proceso de adopción de la vigilancia electrónica aplicada con éxito en todo el mundo. La intención de instalar cámaras en puntos de alto tráfico viene dando vueltas por los vericuetos de la burocracia desde hace años y todavía está a varias semanas de su aprobación por el Cosevi. La instalación del sistema, capaz de liberar recursos humanos para otras funciones, tardará todavía más.

Para completar el cuadro de razones de la impunidad imperante en nuestras carreteras, es pertinente observar la atomización de los cuerpos policiales del país que impide, en virtud de una curiosa “especialización”, la intervención de la Fuerza Pública cuando atestigua una violación a la ley de tránsito. La viceministra Bolaños también defiende la feliz iniciativa de remover la limitación, cuando menos parcialmente, con la incorporación de las policías municipales a la vigilancia vial.

Es una salida muy limitada, porque solo veinte cantones tienen cuerpos de policía y pocos cuentan con un número significativo de oficiales. Sin embargo, si el plan se pone en práctica, como lo autoriza la ley, en algo contribuiría y podría ser el germen de un replanteamiento más general de las labores policiales.

La falta de vigilancia conducente a la impunidad es producto de la suma de muchos factores. Las estadísticas de accidentes y la inutilidad de una ley severa que nadie aplica, exige un esfuerzo que tome en cuenta todas las limitaciones y posibles soluciones.