La reforma para permitir a un grupo de educadores abandonar el IVM y trasladarse al Régimen de Pensiones del Magisterio se aprobó en primer debate sin cabal conocimiento de su impacto

 5 julio

Una carta suscrita por el presidente de la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa, en compañía de los jefes de fracción de varios partidos, reveló un dato asombroso: la reforma para permitir a un grupo de educadores abandonar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se aprobó en primer debate sin cabal conocimiento de su impacto sobre el principal sistema de pensiones del país y sobre las finanzas públicas.

En ambos casos, la enmienda al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional resultaría ruinosa. Si el proyecto supera el segundo debate, entre 1.800 y 6.000 docentes podrán trasladarse del IVM al régimen especial, parcialmente financiado con subsidios estatales.

Durante décadas, el presupuesto nacional deberá proveer ¢11.000 millones anuales, en el mejor de los casos, y ¢33.000 millones en el escenario más temido por el Ministerio de Hacienda. La reserva del IVM perderá ¢52.400 millones, según estimaciones de la CCSS. El tema también preocupa a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y a los candidatos presidenciales del PLN y el PUSC, así como a varios diputados, entre ellos Marcela Guerrero, del PAC.

Tanto consenso entre gobierno, oposición, legisladores de diversos partidos y empresarios indica la magnitud del desatino. Al concierto de voces se sumó la Defensoría de los Habitantes. Con “honda preocupación”, pidió suspender el segundo debate en espera de las propuestas de la mesa de diálogo convocada para examinar la crisis de las pensiones. Una reforma “con impacto directo en el régimen del IVM” no debe prosperar mientras el país se encuentra en espera de los análisis técnicos, dijo la Defensoría.

Ante el clamor surgido de tantos y tan distintos sectores, los diputados suspendieron el examen de la reforma durante un mes. Parecen haberse dado cuenta de la magnitud del daño e intentan reclutar a la Defensoría para lograr una retirada elegante. La carta donde confiesan haber votado sin los elementos de juicio necesarios, también invita a la Defensoría a coordinar y mediar en un proceso para “dilucidar y aclarar las diferencias”. En otras palabras, le tocará a la Defensoría aportar los motivos para dar marcha atrás a una mala idea, aprobada en las proximidades de un proceso electoral, con claras intenciones políticas.

La defensora, Monserrat Solano, no cayó en la trampa. “Lo que necesitan es un estudio técnico y se lo pueden pedir a la Caja, a la Superintendencia de Pensiones… Nos piden algo imposible”. Juan Marín, presidente de la Comisión Plena Primera, lamentó la decisión de la defensora y expresó su deseo de forzar para que esta vez les “traigan números reales”.

Esos buenos deseos encuentran expresión mucho después de aprobado el proyecto en primer debate, pero la carta dirigida a la defensora ya se había adelantado a admitir: “Durante el proceso de tramitación de dicho expediente, se ha solicitado en reiteradas ocasiones y mediante diversos mecanismos, la estimación del impacto económico de dicho proyecto de ley. No obstante, a la fecha, la información que se ha proporcionado es contradictoria”.

Así se legisla en Costa Rica sobre temas de tanta trascendencia como las finanzas públicas y los regímenes de pensiones, sumidos en profundas crisis por decisiones tomadas con idéntica ligereza en el pasado. Las informaciones contradictorias y la falta de “números reales” no impiden levantar la mano para cosechar el aplauso de las barras. Al país le toca decidir, después, cómo lidia con las consecuencias.