El arancel favorece a un puñado de productores e industriales grandes y medianos, con grave perjuicio para las familias más pobres

 5 enero, 2015

El Gobierno de la República ha venido posponiendo una decisión crucial: aumentar el impuesto arancelario a la importación de arroz, del 35% a un 70%, como quieren los productores e industriales de ese grano esencial, o mantener el porcentaje vigente. La decisión, según ha trascendido, se adoptará a principios del 2015.

¿Qué debe hacer? Para los consumidores, ninguna de las dos opciones es correcta. Elevar los aranceles a los granos importados produciría, de inmediato, un injustificado y regresivo encarecimiento del precio, afectando a las familias más pobres, lo que debería ser rechazado ad portas . Y mantener el statu quo no se justifica por las mismas razones, aunque en menor grado. Lo que procede es liberar totalmente la importación y precios del arroz, en beneficio de los consumidores más pobres.

Cuatro estudios recientes, elaborados por distintas personas y entidades independientes, coinciden en que el alambicado sistema proteccionista de producción, cuotas, importación, procesamiento y comercialización del arroz es muy ineficiente y favorece a un puñado de productores e industriales grandes y medianos, con un grave perjuicio para las familias costarricenses, particularmente las ubicadas en el quintil más pobre en la escala de ingresos y salarios.

Según el estudio de la Universidad de Costa Rica, el consumo de arroz representa apenas un 0,3% de los ingresos de las personas más favorecidas económicamente, pero, para los más necesitados, el porcentaje se eleva a un 5%, lo que significa, comparativamente, dieciséis veces más. Es muy claro que los impuestos involucrados en toda esa cadena productiva y distributiva son muy regresivos.

El estudio de la Unctad sobre políticas comerciales, bienestar de los hogares y reducción de la pobreza coincide con el de la UCR en que las políticas existentes han beneficiado a los grandes agricultores y molineros integrados verticalmente (los más grandes), pues tienen licencias y cuotas de importación y son capaces de comprar arroz a bajos precios en el mercado mundial, para procesarlo y comercializarlo en el país obteniendo grandes beneficios. Es, en otras palabras, un subsidio de los consumidores de menores recursos a los productores de mayores recursos.

El economista Bernal Jiménez Chavarría, cuyo estudio se expuso en la Academia de Centroamérica, concluye que los consumidores pagan un gravamen de $190,4 millones debido a la diferencia entre el costo local y externo del grano. Los agricultores pequeños, que representan 379 unidades productivas de un total de 1.019, solamente reciben $2,2 millones (1,15% del subsidio) y 6 empresas agroindustriales, $130,8 millones (68,7%).

Eso no tiene ningún sentido económico y social –agregamos nosotros–, pues el país pierde desde dos puntos de vista: se asignan recursos productivos a una actividad ineficiente desde el punto de vista económico (la eficiencia relativa se obtiene comparando precios de frontera, más baratos en el exterior que en el país), por lo que la producción potencial del país merma. Es una mala asignación de los escasos recursos productivos. Y, desde el punto de vista social, tampoco tiene ningún sentido que los pobres subsidien a los ricos.

Por esas razones, resulta inconveniente mantener el impuesto a las importaciones de arroz pilado o en granza y mantener, a la vez, el sistema de cuotas de importación, acompañado de fijación de precios y demás distorsiones del mercado. Si eso es inconveniente, la opción de incrementar los impuestos al doble (70%), según la solicitud bajo estudio en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), resultaría del todo inaceptable desde los puntos de vista económico y social. La ineficiencia improductiva se haría mayor, y crecería el subsidio de los pobres a los más ricos.

Interrogados sobre la posibilidad de incrementar el impuesto a las importaciones de arroz, las respuestas de los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), por un lado, y, por el otro, del MEIC, han sido insuficientes y muy dubitativas. El primero insiste en aumentar la productividad de los arroceros (no sabemos a qué costo ni a quién se cargaría), y el segundo dice estar estudiando el tema desde un punto de vista multidimensional, no solo el precio, para tomar la correspondiente decisión. Pero ninguna de las entidades se pronunció a favor de los consumidores más pobres, ni en contra del efecto negativo del arroz subsidiado en la distribución del ingreso. Por esa razón, tenemos poco optimismo.

Ojalá que el gobierno de don Luis Guillermo Solís considere que el verdadero cambio prometido en campaña es a favor de las personas de menores recursos, y no a la inversa.

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