Opinión

EDITORIAL

La ley del narco

Actualizado el 15 de agosto de 2012 a las 12:00 am

Comunidades indígenas de Talamanca viven expuestas a las amenazas y manipulaciones de los traficantes de marihuana

Maestros conocedores de la zona acusan al Estado de haber perdido soberanía en la región y le piden recuperarla

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La gravísima intervención del narcotráfico en algunas comunidades indígenas de Talamanca causa escalofríos. Se dan el lujo de quemar aulas, ahuyentar maestros, suministrar alimentos básicos y amedrentar a la población para obligarla a sembrar marihuana. Frente a la violencia de los traficantes, se yergue el heroísmo de los educadores, empeñados en llevar las letras hasta el último rincón de la geografía nacional.

La lucha es desigual y se desarrolla en campos bien delimitados por la falta de escrúpulos y la decencia ejemplar. Frente al intento de imponer la delincuencia como estilo de vida, la difusión del saber. Ante la manipulación de las necesidades básicas, la abnegación y el compromiso con un futuro mejor.

Los maestros se ven obligados a escoger entre cargar libros hasta el Alto Telire o aprovechar las fuerzas para transportar su propio alimento. Los recursos son escasos y las regiones remotas. Por si fuera poco, asumen el riesgo de alertarnos del peligro y reclamar la sustitución del Estado costarricense por las organizaciones del narcotráfico. Los delincuentes pretenden dictar la política educativa; es decir, ninguna, salvo el aprendizaje de su ilegal cultivo. Imponen, además, la torcida ley de la violencia y la amenaza.

“Los obligan a trabajar en el narcotráfico. El problema es que el Estado perdió la soberanía y hay que recuperarla”, dice Guillermo Rodríguez, asesor en la Dirección Educativa de Surá. Según relata, en algunas zonas los cabécares han perdido hasta la autonomía alimentaria y los narcotraficantes ofrecen proveerles alimentos básicos a cambio del cultivo de marihuana. Emmías Zúñiga, maestro de la zona, habla de manipulación a cambio de cualquier cosa; las cenizas de un rancho utilizado para hacer las veces de un aula testimonian el grado de violencia de los delincuentes.

El reto está planteado. O las autoridades rebaten, con razones convincentes, el cargo de pérdida de soberanía o le explican al país las medidas por adoptar para recuperarla. El silencio no es opción. La actividad del narcotráfico en Talamanca es conocida desde hace años, pero tal grado de abuso concede a la región la prioridad que hasta ahora le fue negada por su remotidad y escasa población.

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La lucha contra el narcotráfico es una de las más altas metas de la seguridad nacional, no solo por el carácter delictivo de la actividad en sí misma, sino también por sus inevitables efectos sobre el cuerpo político y social. En Talamanca, sin embargo, aparece un factor reconocido en otras latitudes, pero pocas veces visto en Costa Rica: la incorporación forzada de la población al cultivo ilícito y la violencia directa contra ciudadanos inocentes, entre ellos los niños.

La agresión contra escuelas y maestros es un asalto directo a la juventud de la zona y sus esperanzas de superación. No puede ser permitida. Si tanto invirtió Costa Rica en la reafirmación de su soberanía frente a la arbitrariedad del Gobierno sandinista –aunque con discutible acierto– no puede hacer menos frente a la amenaza del narcotráfico en Talamanca.

El problema es profundo y la respuesta no puede limitarse al incremento de la presencia policial, por mucho que es necesaria. La manipulación de los pobladores por hambre y la existencia de necesidades insatisfechas que los narcotraficantes logran llenar con una fracción de sus ganancias, exige acción en el campo social, sin dejar de lado el apoyo requerido por los valientes maestros, cuya protección es un mandato de alto contenido moral.

Es impensable que el puñado de educadores nombrado para ejercer su noble oficio en la Alta Talamanca tema ingresar en la zona por la posibilidad de represalias. Así lo informó José Estrada, jefe del Departamento de Educación Intercultural del Ministerio de Educación Pública. Según Estrada, los maestros tampoco se animan a acudir a la Policía, pero la noticia publicada ayer por La Nación deja a las autoridades notificadas y al país en espera de una respuesta decidida.

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