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Editorial

Ley de Justicia Tributaria

Actualizado el 02 de mayo de 1995 a las 03:14 pm

Antes del año 2000, el déficit endémico debe desaparecer.

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La aprobación del proyecto de Ley de Justicia Tributaria que, al reformar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, permite a la administración tributaria obtener información trascendente para establecer los verdaderos ingresos de los contribuyentes, tipificar como delito la evasión fiscal en casos específicos como la apropiación indebida de tributos recaudados de los consumidores y otros, constituye un gran avance en el objetivo de dar al fisco ingresos sanos y equitativos.

Si bien el monto de la evasión anual es desconocido, pues los estudios disponibles carecen de rigor científico, es vox populi que se trata de sumas considerables. La aplicación estricta de la ley de justicia tributaria, cuando entre en vigencia, ha de dar al gobierno ingresos adicionales sin necesidad de crear elevados tributos. Si a esto unimos la adopción de las reformas legales para el control de gasto en que necesariamente ha de trabajar nuestra Asamblea Legislativa, entonces no es improbable que, en el futuro cercano, quizá antes de que acabe este milenio, el déficit endémico que experimentaron nuestras finanzas públicas se convierta en excedente.

Nos referimos a renglones claves como salarios, pensiones, transferencias a entes públicos con poder para recuperar costos e intereses, y otros cambios sustanciales similares. Cuando esto ocurra, no solo estará nuestro país plenamente listo para competir con éxito en las grandes ligas de la economía mundial, sino que podremos estar orgullosos del hecho de haber introducido justicia en ambos lados de la ecuación fiscal: ingresos y gastos. El llamado acuerdo o unión en lo esencial, suscrito por Figueres y Calderón, el viernes pasado, brinda optimistas perspectivas para estas grandes transformaciones.

Si la presente legislatura deja como herencia a las futuras generaciones este tipo de acuerdos, bienvenida sea su labor. Y aquí hemos de enorgullecernos también de que, a diferencia de lo que pide el convenio que en principio se suscribió con la administración del Fondo Monetario Internacional (FMI) --en el sentido de que la aprobación de nuevos tributos sea precondición para un convenio definitivo-- lo acordado no solo es fruto de la convicción nacional, sino de que como medida de ajuste es de más calidad que las cortoplacistas, que solo se proponen reducir el déficit inmediato a cualquier costo.

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Hacemos votos para que el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, que recoge en mucho el justo clamor de la clase trabajadora, y obedece a la más clara lógica en materia tributaria, pueda recibir su aprobación definitiva en las próximas semanas. Y una vez que él sea ley, la responsabilidad pasa al terreno del Ministerio de Hacienda y, más concretamente, de la Dirección General de la Tributación Directa, la cual debe dar muestras al país de que, con herramientas afiladas, cumplirá a cabalidad con el noble encargo que la sociedad le ha hecho: recoger eficazmente los tributos que permitan financiar la educación y salud básicas, la obra de infraestructura necesaria para el desarrollo del país, la seguridad ciudadana y las demás labores para las cuales existe el Estado.

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