| EDITORIAL

El lento proceso de las compras digitales

Un informe elaborado a instancia de la Comisión del Sistema Nacional de Compras Públicas dictaminó la compatibilidad de Mer-Link con la legislación vigente

Superadas las objeciones legales, el Ministerio de Hacienda todavía quedará plantado frente a los ajustes operativos necesarios para administrar el sistema

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Las grandes instituciones del Estado, con excepción del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), insisten en hacer sus compras con el tradicional uso del papel, como si no hubiera habido una inversión de años en el desarrollo del Gobierno Digital. Son procesos menos expeditos, poco transparentes y sus resultados no garantizan el mejor precio, pero ninguna de esas razones de evidente interés público siembra en los responsables el sentido de urgencia necesario para la adopción del sistema de compras digitalizado.

El ICE ejecutó el 70% de sus compras mediante el sistema Mer-Link, pero otros responsables del gasto de unos ¢5 millones de millones anuales se aferran a los sistemas tradicionales, no obstante las demostradas ventajas de la digitalización y las también probadas deficiencias de los sistemas tradicionales.

Desde el 6 de junio, el Ministerio de Hacienda estudia el decreto necesario para adoptar a Mer-Link como plataforma digital de compra de bienes y servicios, pero los dos meses de análisis son un plazo engañoso. El sistema está en el país desde hace más de dos años y medio. El estudio de las condiciones necesarias para adoptarlo, no cabe duda, pudo iniciarse antes.

Ahora, un informe elaborado a instancia de la Comisión del Sistema Nacional de Compras Públicas dictaminó la compatibilidad de Mer-Link con la legislación vigente, en particular la Ley General de la Contratación Administrativa y su reglamento. El informe no encuentra mérito, además, en las objeciones planteadas por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.

Las dudas sobre la estabilidad del sistema han sido superadas por una práctica ya larga, en cuyo transcurso no ha dado ningún problema, según Alicia Avendaño, directora del Gobierno Digital. Toda una historia de utilización de los sistemas tradicionales, en cambio, certifican sus múltiples deficiencias.

El informe sigue en la etapa de valoración y no hay fecha anunciada para la firma del decreto, aunque la presidenta, Laura Chinchilla, expresó su deseo de insertar a todas las entidades del Gobierno central en la nueva plataforma digital a partir de enero del 2014. La meta está a la vuelta de las esquina, pero el proceso continúa su lentísima marcha, no obstante el tiempo perdido, la premura presidencial y la prueba del sistema en entidades grandes como el ICE, y en otras más pequeñas como la Municipalidad de Grecia.

Superadas las objeciones legales, el Ministerio de Hacienda todavía quedará plantado frente a los ajustes operativos necesarios para administrar el sistema. Entre ellos está el traslado de los códigos presupuestarios para contabilizar las transacciones y el ajuste del sistema integrado de información, creado para apoyar la gestión administrativa y financiera de los ministerios.

Esos cambios, a juzgar por el paso de los estudios previos al decreto, se constituirán en un nuevo y formidable obstáculo a la modernización, de la cual solo se puede decir que es inevitable, para fortuna de la Administración Pública. Tarde o temprano es la mejor estimación de la fecha de concreción de esa inevitabilidad.

Cuando se produzca, faltarán todavía la adopción concreta del sistema en las dependencias obligadas y la unificación de sistemas recomendada por la Contraloría General de la República y el sentido común.

La recomendación pretende conseguir economías de escala, simplificar los procesos, dotarlos de agilidad y hacerlos más accesibles para los usuarios y proveedores. Facilitará, además, el incremento de la transparencia y ampliará la competencia para mejorar precios y condiciones de los bienes y servicios adquiridos por el Estado.

La presidenta de la República firmó, el 9 de abril, un decreto que acoge los planteamientos de la Contraloría, pero el cumplimiento no parece tan cercano como sería de esperar, considerando las buenas intenciones.

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