El Estado fue advertido, hace 11 años, de la necesidad de instalar barreras protectoras en la autopista Florencio del Castillo

 20 septiembre, 2014

Las características geométricas de la autopista Florencio del Castillo, unidas a la alta velocidad alcanzada por los vehículos que transitan por ella, exigen la instalación de barreras protectoras para impedir la invasión del carril contrario y salvar vidas. El señalamiento lo hizo el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica hace 11 años. Sus técnicos se lo recuerdan periódicamente al Estado, casi siempre después de un accidente como el ocurrido hace 15 días, con el trágico resultado de cinco muertes.

La necesidad de las barreras también la recordaron los jueces que condenaron al Estado a pagar, hace tres años, una indemnización de ¢64 millones a los familiares de dos jóvenes fallecidos en el 2007, cuatro años después de las primeras advertencias del Lanamme. Ni la condena ni las advertencias, fundadas en claras razones técnicas, lograron la construcción de las barreras en una de las vías más importantes y transitadas del país.

La ausencia de barreras en el centro de la autopista no constituye el único peligro. Las bases de concreto de los postes de iluminación son trampas mortales, también por falta de protección y señalamiento. El choque contra una de esas bases, con toda su rigidez, cobró la vida de los jóvenes fallecidos en el 2007. Lanamme también advirtió de ese problema, pero el defecto subsiste, aunque la misma sentencia que fijó la indemnización ordenó colocar las barreras.

Al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se le fijó un plazo de seis meses para hacer las reparaciones y se le exigió informar del progreso cada 15 días, pero la entidad alega haber intentado una contratación, sin éxito, porque los oferentes dudaron de aspectos técnicos y, dada la complejidad de las leyes aplicables, la rectificación del problema exige tiempo. La confección de carteles, el proceso de licitación y la adjudicación del contrato consumen meses, sin hablar de posibles apelaciones y anulaciones de lo actuado antes de la definitiva ejecución del proyecto.

La urgencia de los trabajos y las consecuencias de no contar con las barreras subrayan la irracionalidad de los procesos de contratación y los excesos de nuestra maraña legal y administrativa. Con el dinero en la mano, el país no consigue hacer lo necesario para proteger el máximo valor de cualquier sociedad civilizada: la vida. A tres años de la sentencia judicial, el Conavi apenas logró concluir, este mes, el nuevo cartel de licitación.

A la maraña legal casi siempre se suman defectos propios de deficiencias en la elaboración de los carteles o la concreción del procedimiento. En el caso de las obras necesarias en la Florencio del Castillo, está de por medio la admisión de falta de claridad técnica, pero los procesos fijados por ley no contribuyen a corregir los errores con celeridad.

Mucho se ha debatido sobre la forma de encontrar los equilibrios necesarios entre el control y la celeridad. La supervisión a posteriori , el aseguramiento de costas por parte de los apelantes para evitar recursos superfluos o mal fundados y otros mecanismos posibles han sido propuestos por diversos sectores, incluyendo, en algunos casos, a la Contraloría General de la República, encargada de ejercer la supervisión. Nada se ha conseguido para agilizar la tramitología.

No se trata de eliminar la supervisión, cuyo ejercicio, en infinidad de casos, ha demostrado ser beneficioso. Se trata, en cambio, de encontrar el equilibrio necesario para impedir la corrupción sin sacrificar la ejecución de obras urgentes. Hay una brecha incomprensible entre la urgencia de construir las barreras en la autopista Florencio del Castillo y la parsimonia del proceso de contratación impuesto por ley.

La historia se repite a lo largo y ancho de la Administración Pública, aunque no siempre con consecuencias tan dramáticas. El accidente ocurrido el 3 de setiembre pasado costó la vida de cinco jóvenes y enlutó a igual número de familias. El mayor de los fallecidos apenas había alcanzado los 22 años.